El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que establecía un incremento del 23% en el salario mínimo para 2026, en lo que representa un nuevo revés judicial para el gobierno del presidente Gustavo Petro. La decisión fue adoptada en el despacho del magistrado Juan Camilo Morales.
La medida implica que el aumento decretado por el Ejecutivo queda temporalmente sin efectos mientras se estudia de fondo la legalidad del acto administrativo. La suspensión provisional es una figura jurídica que busca evitar posibles efectos irreversibles mientras avanza el proceso judicial.
El incremento del 23% había sido presentado por el Gobierno como una medida histórica para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y enfrentar la inflación. Sin embargo, sectores económicos y jurídicos habían advertido posibles irregularidades en el procedimiento adoptado para su expedición.
Con esta decisión, se abre un escenario de incertidumbre tanto para empleadores como para trabajadores, ya que el salario mínimo impacta directamente contratos laborales, aportes a seguridad social, multas, tarifas y otros indicadores económicos.
El caso ahora continuará su trámite en el alto tribunal, que deberá definir si el decreto se ajustó o no a la Constitución y la ley. Mientras tanto, la suspensión marca un punto de tensión entre el Ejecutivo y la rama judicial en medio del debate sobre la política económica del país.
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