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Retiro de la demanda mantiene vigente el decreto del salario mínimo para 2026
El abogado Germán Eduardo Castro Marín retiró el 14 de enero de 2026 la demanda contra el Decreto 1469 de 2025, que fijó un aumento del 23% en el salario mínimo. La decisión se tomó ante amenazas directas que ponían en riesgo la seguridad de su familia y se informó mediante comunicado público, dejando válido el decreto que establece un salario mínimo de dos millones de pesos mensuales, emitido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La demanda cuestionaba aspectos formales del decreto, señalando vicios como la falsa motivación y desviación de poder, además del incumplimiento del cálculo por inflación, productividad, crecimiento del PIB y concertación gremial. En cambio, el incremento se justificó con brecha salarial extrema y la inequidad histórica, según explicó el abogado. La acción legal había sido admitida por el Consejo de Estado a través del magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves, lo que daba paso a su estudio jurídico.
Castro Marín manifestó que la demanda obedecía a un análisis serio y técnico, sin fines políticos ni perjuicio a los trabajadores. “Mi labor fue la defensa de la Constitución y la institucionalidad frente a actos administrativos que presentan vicios de fondo y de forma”, afirmó. Sin embargo, luego de presentada la demanda, denunció haber recibido mensajes de odio y amenazas que superaron el ámbito judicial y afectaron su tranquilidad y la integridad de su familia. Por ello resaltó: “Ninguna controversia jurídica justifica poner en riesgo la seguridad personal y familiar”.
Con el retiro voluntario, el Consejo de Estado oficializará la terminación del proceso y evitará suspender provisionalmente el decreto. Castro Marín expresó su satisfacción por la admisión inicial del recurso y llamó a respetar el ejercicio profesional. “Atacar al abogado por cumplir su función es atacar la democracia”, sentenció.
El caso ha originado un debate sobre la protección a los operadores jurídicos que plantean controversias en temas políticos y económicos de interés nacional, así como la intolerancia que puede condicionarlos en Colombia. Las autoridades mantienen vigilancia ante estas situaciones para mitigar riesgos en futuros litigios de alto impacto.
