Cortesía D.R.A
Paro académico en la Universidad Nacional tras designación de Ismael Peña como rector
En las últimas horas, la Asamblea Triestamentaria de la Universidad Nacional de Colombia decretó un paro académico en la sede Bogotá hasta el próximo 20 de marzo, como rechazo a la ratificación de José Ismael Peña Reyes en la rectoría, decisión respaldada por una sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral. Alrededor de 4.000 personas, entre estudiantes, profesores y empleados administrativos, participaron tanto presencial como virtualmente en la asamblea que se desarrolló durante más de seis horas en el auditorio León de Greiff.
Entre los puntos centrales del debate, la Asamblea cuestionó la legitimidad de Peña, advirtiendo que, si bien cuenta con respaldo legal, “es ampliamente rechazado por la comunidad universitaria”, y rechazó de forma tajante la reciente decisión judicial, señalándola como un fallo de carácter político que atenta contra la autonomía universitaria y la voluntad expresada en consulta estamentaria, donde Leopoldo Múnera acaparó el mayor respaldo. Adicionalmente, exigieron la renuncia inmediata de Peña, pidieron garantías plenas para la protesta pacífica y rechazaron cualquier iniciativa tendiente a imponer la virtualidad de las clases o represalias administrativas que limiten el derecho a la manifestación y a la reunión estudiantil.
La Asamblea anunció, asimismo, la conformación de una Mesa Constituyente Universitaria, que trabajará en reformas estatutarias a presentar ante el CSU. Se denunció la actual situación de la Facultad de Farmacia, carente de edificaciones propias, y se anunciaron nuevas jornadas de concertación entre otros departamentos. Ante la declaratoria de paro, Peña manifestó que “los profesores deben buscar garantizar las clases por todos los mecanismos necesarios, en aras de evitar retrasos que afecten los proyectos de vida académica y las graduaciones”, expresó en un comunicado oficial. En paralelo, se actualizaron sesiones en emergencias como en la Asamblea de Estudiantes de Ingeniería, que analiza ahora su postura ante la suspensión académica, y en el Departamento de Literatura, cuyo cuerpo profesoral impulsó una carta exigiendo la renuncia de Peña por ausencia de garantías para la normalidad institucional.
El cese de actividades se extiende del 24 de febrero al 20 de marzo, y aunque tiene como epicentro la sede principal en Bogotá, ya se han reportado adhesiones parciales de estudiantes y posgrados en otras regiones como Medellín. Las discusiones, de acuerdo con reportes iniciales, contaron con participaciones y respaldos de distintos puntos del país vía remota.
La crisis fue desencadenada tras el polémico proceso de designación rectoral para el período 2024–2027, en el cual, tras la consulta interna que favoreció a Múnera, el CSU optó por proponer a Peña según el Acta 05. Esta elección fue objetada por el presidente de la República y fue recaída provisionalmente en Leopoldo Múnera y, más adelante, en Andrés Mora como encargado, mientras que sentencias ulteriores —tanto del Consejo de Estado, el pasado 2025, como la Corte, entre el 17 y el 18 de febrero— restablecieron en sus cargos a Peña y anularon el nombramiento de Múnera, motorizando un nuevo frente de protestas y acciones jurídicas ejerciendo presión sobre la administración central universitaria.
