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Colombia contraataca con aranceles: una nueva disputa en la frontera
Este lunes 24 de febrero de 2026, Colombia activó una medida comercial que agita las tensiones con Ecuador: aranceles del 30% sobre más de 70 productos ecuatorianos, en respuesta a una decisión similar adoptada por Quito a principios de mes.
La noticia se concretó con la publicación del Decreto 0170 de 2026, firmado el pasado 20 de febrero por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano. La medida afecta 23 partidas arancelarias y 73 subpartidas, prohibiendo la entrada terrestre de productos como arroz, pescado, camarón y precursores químicos para drogas por los pasos fronterizos de Ipiales y Puerto Asís.
La raíz del conflicto se remonta al 1 de febrero, cuando Ecuador impuso una tasa llamada de “seguridad” del 30% a ciertas importaciones provenientes de Colombia. Según el Gobierno de Daniel Noboa, esta medida busca controlar el contrabando y frenar la entrada irregular de precursores químicos. Sin embargo, Bogotá considera esta tasa un arancel encubierto, contrario a las reglas de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el acuerdo del GATT de 1994. Como consecuencia, las exportaciones colombianas hacia Ecuador han caído un 97%, impactando sectores clave como la energía eléctrica, medicamentos e insecticidas.
Entre los productos afectados están alimentos básicos —arroz, frijol, plátano, banano bocadillo, azúcar de caña, cacao—, frutas como aguacate Hass, tomate y maracuyá, así como bienes industriales, incluidos grasas y aceites, calzado, etanol, insecticidas, fungicidas y plásticos. El decreto colombiano prohíbe su ingreso por vía terrestre sin opción a reembarque y contempla sanciones que incluyen la aprehensión de mercancías y vehículos.
Este pulso comercial no se limita a medidas unilaterales: Colombia formalizó una demanda ante la CAN, la cual admitió la queja para investigar la legalidad de la tasa ecuatoriana. Ecuador responde con tres reclamos formales, aunque la diplomacia ha quedado estancada tras reuniones entre cancilleres en febrero. El intercambio comercial bilateral había alcanzado 2.209 millones de dólares entre enero y octubre de 2025, con un superávit para Colombia de 849 millones.
El conflicto pone sobre la mesa un costo social palpable. Empresarios ecuatorianos advierten sobre 40.000 empleos en riesgo, especialmente en sectores como el aceite de palma y los plásticos. En la frontera, el tráfico de camiones se ha reducido drásticamente, simbolizando el cierre efectivo de una ruta comercial vital. Por su parte, las autoridades colombianas defienden su decisión como necesaria para proteger su producción nacional, estabilizar precios del arroz y reforzar controles contra precursores del fentanilo.
Mientras tanto, la disputa comercial entre estos vecinos andinos no encuentra salida clara. La afectación económica y social se expande, mientras la ciudadanía observa las disputas diplomáticas que parecen, por ahora, no dar tregua. ¿Podrán las partes encontrar un equilibrio antes de que el daño se vuelva irreversible?
