Cortesía D.R.A
Firma de alias Carlos Pesebre en comunicado de paz urbana despierta dudas sobre su renuncia en cárcel La Paz
La firma de Freyner Alfonzo Ramírez García, conocido como alias Carlos Pesebre, en un comunicado oficial del 9 de febrero de 2026 que afirma la continuidad del diálogo sociojurídico en la cárcel La Paz de Itagüí, ha generado controversia debido a su renuncia anunciada como vocero de estructuras criminales en el proceso de paz urbana para Medellín y el Valle de Aburrá.
El comunicado confirma avances hacia un acuerdo condicionado para la transición al Estado Social de Derecho y está firmado por voceros y delegados del Gobierno Nacional, incluyendo la rúbrica de Pesebre, quien había presentado la carta de renuncia el 31 de enero de 2026. Este acto ha suscitado interrogantes sobre la autenticidad y momento de su firma, así como si su salida se revirtió o se limitó a su rol personal.
Pesebre es uno de los principales voceros de las estructuras armadas y renunció alegando improvisación en el proceso, falta de garantías jurídicas, amenazas por investigaciones penales y aislamiento político. La senadora Isabel Zuleta, delegada del Gobierno en la mesa del diálogo, aclaró que este se realiza con las estructuras, no con un solo individuo, y señaló que la renuncia de Pesebre no implica el retiro de su grupo ni hizo efectivo el cambio de vocero, por lo que su firma cuadra con la continuidad del diálogo.
La renuncia fue conocida por el Gobierno antes del comunicado del 9 de febrero, documento firmado en las sesiones realizadas en la cárcel La Paz de Itagüí donde se llevan a cabo los diálogos desde junio de 2023. Ramírez estuvo activo en las discusiones de la fase de irreversibilidad hasta la semana anterior al 9 de febrero, un proceso que se reactivó desde octubre de 2025.
Zuleta enfatizó que «no hay renuncia hasta que la estructura lo aclare» y que la rúbrica de Pesebre representa su respaldo al avance del acuerdo, evitando un vacío que podría aumentar riesgos de confrontación. Pesebre reconoció en su carta la reducción histórica de homicidios pero denunció ausencia de respaldo estatal y falta de certidumbre jurídica, manteniéndose la incertidumbre sobre la autenticidad de su firma y transparencia del proceso.
El Gobierno, mediante la senadora objectón acusaciones de improvisación y defendió una metodología estructurada con seguimiento diario de homicidios y dispositivos de evaluación como Meval y la Comisión de Acciones de Paz. Se señaló además que las tensiones responden a influencias de asesores de las estructuras y “manipulación de la derecha”. Este proceso busca garantizar la irreversibilidad de los acuerdos de paz ante posibles cambios políticos posteriores a 2026, en línea con la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro.
La Alcaldía y el Gobierno nacional instan a mantener la colaboración de todas las partes en el proceso y vigilancia para asegurar la estabilidad y avanzar en el acuerdo hasta su próxima etapa efectiva.
