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Planta de Alpina en Sopó, en pausa por riesgos y tensiones laborales
Un silencio inquietante se instaló este 24 de febrero de 2026 en la planta de Alpina en Sopó, Cundinamarca. Cuatro áreas críticas fueron clausuradas temporalmente por orden del Ministerio del Trabajo, tras una inspección que desnudó peligros inminentes para la vida de los trabajadores y evidencias de presuntas violaciones a sus derechos sindicales.
La medida surge luego de casi un día de recorrido exhaustivo por la planta, donde se encontraron fugas en las calderas de vapor, tanques con soda cáustica y ácido nítrico en condiciones deficitarias, y ambientes laborales sumergidos en temperaturas que ponen en jaque la salud del personal. No solo fue la seguridad física la que encendió las alarmas: hubo denuncias de que Alpina había impedido el ingreso de inspectores, en un claro intento por opacar los problemas internos. Estas denuncias llegaron de la mano de trabajadores y voces sindicales como la de Fabio Arias Giraldo, líder de la Central Unitaria de Trabajadores, quien un día antes había alertado sobre la negativa de la empresa a permitir la supervisión oficial.
Ante esta tensión se posicionó el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales con una advertencia firme: el acceso a los inspectores es innegociable y respaldado por la ley. El ministro Antonio Sanguino secundó esta postura, subrayando que no hay empresa que pueda evadir la vigilancia del Estado sin enfrentar sus consecuencias.
Sandra Muñoz, viceministra encargada de las inspecciones laborales, dejó claro que la intervención es temporal y necesaria. “La prioridad es proteger la vida y salud de quienes trabajan en la planta”, afirmó, reconociendo que mientras no haya garantías claras, las operaciones deberán estar suspendidas en esas zonas.
Pero la controversia va más allá de la seguridad industrial. La orden incluye una fuerte llamada de atención a Alpina por posibles represalias contra trabajadores que colaboraron en la inspección o que buscan sindicalizarse, encendiendo luces sobre un ambiente laboral tenso y marcado por la presión.
Este episodio no aparece en el vacío. En 2024, el Ministerio ya había señalado a Alpina por violar derechos sindicales mediante un pacto colectivo que excluía a los afiliados, lo que alimenta la desconfianza entre trabajadores y autoridades.
La planta de Sopó es vital para Alpina, y esta paralización parcial representa un desafío operativo considerable. Sin embargo, la autoridad no titubea en priorizar la integridad humana sobre la continuidad productiva. Mientras la empresa debe presentar un plan de mejoras que garantice la seguridad y el respeto laboral, la incertidumbre persiste en un entorno donde la tensión y la vigilancia se mantienen firmes.
¿Será posible que en este telón de conflicto y riesgos, la justicia laboral imponga finalmente una operación segura y justa? Por ahora, el cierre en Sopó es un llamado urgente a despojar la producción de sus sombras más oscuras.
