El Gobierno nacional propuso el ascenso de 42 oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante el Decreto 1591 del 22 de octubre de 2026. La medida, que busca reconfigurar la cúpula militar, aún debe ser revisada y aprobada por el Senado antes de hacerse efectiva.

La propuesta contempla el ascenso de 18 oficiales a los grados de mayor general y vicealmirante, así como de 24 coroneles y capitanes de navío a brigadier general y contralmirante. La mayoría de las promociones tendría vigencia a partir del 1.º de diciembre de 2026.

El decreto establece, además, fechas específicas para dos oficiales de la Fuerza Aeroespacial: Germán Augusto Varela Vallejo ascendería el 8 de diciembre y Howar Geovanny Cortés Atuesta, el 10 de diciembre.

Entre los nombres incluidos está el del brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, a quien la Fiscalía General de la Nación imputó cargos en septiembre por un caso relacionado con la liberación de un hombre capturado con presunta pasta base de coca en el Cauca. La inclusión del oficial no implica, por sí misma, una decisión judicial sobre su responsabilidad.

También aparecen en la lista Rodolfo Morales Franco, segundo comandante del Ejército, y Óscar Leonel Murillo Díaz, director de la Escuela Superior de Guerra.

Según el documento, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares estudió las hojas de vida en sesiones realizadas el 28 de septiembre y el 7 de octubre de 2026. El organismo recomendó por unanimidad los ascensos, mientras que la Dirección de Estado Mayor de Planeación Estratégica del Comando General certificó el cumplimiento de los requisitos exigidos.

La expedición del decreto no formaliza todavía las promociones. De acuerdo con el procedimiento constitucional, la Comisión Segunda del Senado deberá estudiar inicialmente las hojas de vida y posteriormente la plenaria de esa corporación tendrá que votar cada ascenso.

El trámite deberá concluir antes de las fechas fijadas por el Ejecutivo para que las promociones puedan entrar en vigor. La decisión final, por tanto, estará en manos del Congreso.