Cortesía Nos Cogió la Noche
Juan Carlos Pinzón pide a la Procuraduría investigar a funcionarios del Gobierno por presunta participación política
El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón solicitó formalmente a la Procuraduría General de la Nación investigar a funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro por su posible involucramiento político en la promoción de una Asamblea Nacional Constituyente, proceso mencionado en zona preelectoral.
La petición fue presentada en Bogotá el 30 de diciembre de 2025. Pinzón señaló en particular al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, tras acompañar públicamente la inscripción del Comité Promotor de la Constituyente ante la Registraduría Nacional el 26 de diciembre. Este paso oficial permite recolectar firmas para avanzar en la iniciativa de reforma, que incluye la consulta popular en medio de la próxima contienda electoral de 2026.
“A partir de hoy arranca el proceso de recolección de firmas para que el poder constituyente se exprese”, declaró el ministro Sanguino, acción respaldada por el presidente Petro en sus redes sociales con un mensaje sobre la transformación del país. Frente a esta situación, Pinzón advirtió que “la promoción de una Constituyente desde el Gobierno en este momento político puede alterar gravemente la equidad de la contienda democrática y la libertad del elector,” manifestando su rechazo a la proporción proselitista del Ejecutivo dentro del trámite.
En su solicitud, el precandidato solicita a la Procuraduría investigar si estas conductas constituyen participación política indebida, que emita pronunciamiento institucional fijando límites para los servidores públicos en procesos electorales y que active vigilancia para evitar uso indebido de recursos estatales en la actividad proselitista.
La propuesta de Asamblea Nacional Constituyente que impulsa el Gobierno busca superar bloqueos a reformas en el Legislativo. Se requiere la recolección de unas tres millones de firmas, equivalentes al 5% del censo electoral, en medio de elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo de 2026. La oposición califica esta estrategia como un intento por modificar el equilibrio político previo a las urnas, mientras que el Gobierno presenta la iniciativa como un derecho constitucional de convocatoria.
La Procuraduría no ha emitido aún una respuesta formal a la solicitud radicada este 30 de diciembre en las horas de la tarde. La gestión de Pinzón abre un nuevo frente jurídico y político en esta etapa previa al calendario electoral, donde se prevé ulterior vigilancia sobre actos y recursos públicos vinculados a procesos de consulta constituyente.
La Alcaldía cuarta reiteró la necesidad de que se garantice un proceso transparente y ajustado a la norma durante todo este periodo. Se espera que tanto las autoridades electorales como de control agilicen acciones para esclarecer este caso y así asegurar condiciones equitativas de la contienda democrática.
