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Decenas de presos políticos son liberados en Venezuela, pero permanecen controlados judicialmente
En la madrugada del 1 de enero de 2026, el gobierno venezolano ordenó la excarcelación de entre 33 y 88 personas detenidas tras las protestas postelectorales de julio de 2024, especialmente en cárceles cercanas a Caracas, como Tocorón y El Rodeo I. Estas medidas cautelares forman parte de un proceso iniciado a finales de diciembre de 2025, que ha beneficiado a un centenar de detenidos, según informaron autoridades y organizaciones civiles.
Los liberados son investigados por supuestas “acciones violentas” en las protestas postelectorales. Sin embargo, deben cumplir con diversas restricciones: presentarse ante tribunales de forma periódica, prohíben salir del país o comunicarse entre ellos, lo que impide que estos arrestos terminen formalmente. “Esto no es libertad plena”, denunció María Gómez, representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Entre los afectados se cuentan más de 700 a 900 presos políticos a lo largo del país, la cifra más alta en el hemisferio occidental.
El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario justificó las excarcelaciones como producto de una revisión detallada para garantizar “enfoques humanistas y de paz”. Por otro lado, familiares y diversas ONG insisten en solicitar la amnistía total a todos los detenidos. Asimismo, la oposición política señaló que la apertura ofrecida por Maduro responde más a presiones internacionales que a un cambio de fondo en la política penal.
Los hechos ocurrieron específicamente a partir del 31 de diciembre de 2025 y se concentran en penales del estado Aragua y Miranda, regiones vecinas a la capital venezolana. Se trata de la segunda entrega significativa de presos desde las protestas que dejaron 28 muertos entre marzo y julio de 2024, con más de 2.400 detenciones en total después de ese levantamiento.
El gobierno relaciona estas medidas con evaluaciones individuales ante un contexto paralelo de bloqueos petroleros y reclamaciones internacionales por supuestas violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, organizaciones y observatorios resaltan la falta de transparencia, aseverando que decenas de detenciones arbitrarias continúan. “Exigimos atención real y la liberación íntegra de quienes fueron procesados en este proceso parcial luego de las elecciones de 2024”, afirmó Julio Fernández, representante del Foro Penal.
La comunidad internacional y los colectivos de defensa de derechos humanos hacen un llamado a que finalice esta persecución judicial y exigen acompañamiento y garantías para quienes aún permanecen privados de su libertad bajo estas nuevas formas de control.
La situación seguirá siendo vigilada por ONG en cooperación con organismos defensores locales, en espera de avances concretos hacia un ciclo de libertades otorgadas sin condiciones. La política penitenciaria venezolana enfrenta una revisión profunda ante los detalles revelados durante el traslado de cientos de reclusos bajo medidas limitadas.
