Suministrada. Gobernación de Antioquia
Alerta en Antioquia por riesgo de 12.000 familias que podrían perder subsidios de vivienda
En las últimas horas, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que 12.000 familias están en riesgo de quedarse sin sus subsidios de vivienda debido a un impacto superior a 1,5 billones de pesos causado por el aumento del salario mínimo y la emergencia económica decretada por el Gobierno nacional.
El incremento del salario mínimo en un 23%, afirmó Rendón, genera sobrecostos de 770.000 millones de pesos, de los cuales más de 260.000 millones golpean directamente los subsidios habitacionales gestionados por la Empresa de Vivienda de Antioquia. “Muy probablemente no vamos a alcanzar a honrar el sueño a 12.000 familias antioqueñas que necesitaban casa”, afirmó el gobernador al cuestionar la liquidación de Mi Casa Ya que trasladó compromisos financieros al nivel regional. Sin recursos adicionales, los proyectos para vivienda experimentarán menos cobertura durante 2026.
Además, el decreto de emergencia económica obliga la transferencia de 720.000 millones de pesos de la Fábrica de Licores de Antioquia al Gobierno nacional. Esta medida, equivalente a ventas por casi 3 billones de pesos, aumentará el precio del aguardiente entre un 40 y 45 por ciento, elevando el valor de la botella estándar a 60.000 pesos, detalló Esteban Ramos, gerente de la FLA. Rendón señaló que esto incentivará el contrabando y complicará la situación fiscal del departamento.
Otros sectores afectados son las obras públicas, especialmente proyectos como la Nueva Vía al Mar y la pavimentación de vías secundarias, con sobrecostos que rondan los 360.000 millones de pesos, agregó la Gobernación. A estos montos figuran también el alza en gastos de funcionamiento y servicio de la deuda pública.
Ante esta crisis, el gobernador anunció la solicitud de una cumbre de gobernadores para pedir la suspensión temporal de los efectos tributarios del decreto y evaluar acciones jurídicas para garantizar el sostenimiento financiero regional. Simultáneamente, el senador Fernando Motoa interpuso una demanda ante la Corte Constitucional, denunciando fallas en el proceso normativo. Por último, la Gobernación exhorta al Gobierno nacional a revisar el impacto centralista en las regiones y evitar mayores afectaciones a las comunidades.
