La Procuraduría recuerda la prohibición de contrataciones estatales antes de elecciones presidenciales y legislativas
En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación reiteró la prohibición de realizar contrataciones estatales durante cuatro meses previos a las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia, tras el decreto del Ministerio de Trabajo que creó 1.141 nuevos cargos temporales.
La restricción inició el 8 de noviembre de 2025 para los comicios al Congreso y se extenderá desde el 31 de enero de 2026 para las elecciones presidenciales, hasta el 31 de mayo de 2026, o el 21 de junio en caso de segunda vuelta. Esta prohibición está enmarcada en la Ley 996 de 2005, también conocida como Ley de Garantías Electorales, que establece límites a las contrataciones y vinculaciones de personal en el sector público.
Según el Ministerio de Trabajo, están previstos de poner a disposición entre 300 y 500 cargos antes del inicio del periodo restringido para las presidenciales, sin embargo, la Procuraduría recordó que estas nuevas vinculaciones no eximen del cumplimiento de la ley y ratificó que la autonomía en las nominaciones debe respetarse, sin manejar postes de contratación con fines políticos o proselitistas.
La Ley de Garantías prohíbe la contratación directa en todas las entidades estatales, excepto en circunstancias excepcionales como defensa, seguridad del Estado, emergencias sociales o contratos de crédito público. También está vedada la vinculación a nóminas estatales en la Rama Ejecutiva, salvo casos como vacantes definitivas o procesos de carrera administrativa. Además, desde noviembre de 2025, quedan restringidas modificaciones a nóminas en entidades territoriales y el uso de bienes públicos con fines políticos.
“La norma existe para garantizar que los recursos y la estructura pública no sean utilizados con propósitos proselitistas durante los procesos electorales,” expresó Leonardo Féliz, procurador delegado para asuntos municipales y horas extras. “Se intensificarán los controles internos para detectar cualquier irregularidad en estos procesos”.
Ante esta prohibición, la Procuraduría llamó a los órganos de control a fortalecer sus seguimientos y advirtió que quien incumpla podrá ser objeto de sanciones disciplinarias. Por su parte, el Ministerio de Trabajo defendió la creación de estos cargos como una acción operativa respaldada por necesidades reales y negó intenciones políticas. No obstante, diversos sectores políticos denunciaron riesgo de prebendas.
Por eso, se espera que comunidad y funcionarios acaten las recomendaciones y denuncien posibles incumplimientos a los canales oficiales para preservar la transparencia en la organización del proceso electoral. La auditoría continuará activa durante todo este ciclo comicial para asegurar el respeto a la Ley de Garantías.
