Joel González – Presidencia de la República
Corte Constitucional suspende provisionalmente estado de emergencia económica de Petro
La Corte Constitucional suspendió de manera provisional el Decreto 1390, expedido el 22 de diciembre de 2025, que declaró el estado de emergencia económica y social en Colombia, medida que afecta la planeación fiscal del país. La decisión fue tomada el 29 de enero de 2026 con una votación de 6 a 2.
El decreto buscaba recaudar 16,3 billones de pesos a través de impuestos temporales a sectores como el financiero, hidrocarburos y juegos de azar, ante un déficit fiscal causado por el rechazo del Congreso a reformas tributarias. Esta medida profundizaba la crisis económica e incluía obligaciones inmediatas como subsidios públicos por 5,1 billones y reparaciones a víctimas por 1,49 billones. El decreto tenía vigencia de 30 días desde el 23 de diciembre y habilitaba la expedición de nuevas normas con fuerza de ley para mitigar la emergencia.
El presidente Gustavo Petro calificó la suspensión como una “ruptura real del orden constitucional” y advirtió consecuencias negativas para el país. “Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se socializará una crisis mayor”, afirmó Petro en su cuenta de X. Por su parte, el magistrado Carlos Camargo indicó que el decreto “no cumple con los requisitos constitucionales de hechos imprevistos” y que tal decisión busca proteger a los contribuyentes y mantener el equilibrio del Estado. La Corte adoptó esa medida cautelar mientras se evalúa el fondo del asunto.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó su “profunda preocupación” porque la decisión limita recursos claves que estaban dirigidos a programas sociales en medio de una crisis fiscal y una deuda pública alta. La suspensión también afecta filtrar impuestos temporales generando incertidumbre hasta que se resuelva en un fallo definitivo. Esta es la tercera vez en la actual administración que la Corte paraliza un decreto de emergencia.
Ante esta situación, se espera que el Gobierno explore nuevas alternativas para atender el déficit fiscal sin ampliar la carga impositiva de manera directa a sectores en conflicto y mientras asegura que los recursos anteriores siguen protegidos. La ciudadanía está atenta a la evolución legislativa y jurídica alrededor del manejo económico en medio de un escenario político complejo.
