📸 Cortesía: Presidencia de Colombia
El Gobierno nacional anunció un impuesto al patrimonio para 15.000 grandes empresas con el objetivo de recaudar 8 billones de pesos y atender la crisis climática generada por las recientes inundaciones en Córdoba.
En el marco de un Consejo de Ministros realizado en Montería, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que este impuesto aplicará a personas jurídicas con patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT, es decir, unos 10.400 millones de pesos. La tarifa será del 0.6 % para este rango y el 1.2 % para patrimonios que superen los 600.000 UVT (31.424 millones de pesos). La medida se pondrá en vigor mediante la declaratoria de una nueva emergencia económica, la cuarta de este Gobierno.
Esta decisión responde a las fuertes y repetidas afectaciones que suman 58.000 familias damnificadas en Córdoba debido a grandes inundaciones. El ministro Ávila aclaró que la iniciativa excluye a pequeñas y medianas empresas y busca financiar la atención inmediata y la reconstrucción sin que la operación del Estado se detenga. “El Gobierno no puede paralizarse frente a la actual crisis climática y debe buscar caminos para obtener los recursos adicionales que se requieren”, afirmó.
El Ejecutivo también solicitó a la Corte Constitucional rever la suspensión provisional de una novena emergencia económica anterior y dejó abierta la posibilidad de declararla nuevamente si persisten limitaciones jurídicas. El presidente Gustavo Petro manifestó que existen hechos nuevos y urgentes que justifican reagrupar recursos extraordinarios frente a la crisis ambiental y fiscal que enfrenta el país.
Expertos y gremios expresaron su preocupación. Christian Quiñonez, exsubdirector de la DIAN, advirtió sobre el riesgo de doble tributación, ya que dueños de empresas también pagan impuesto personal sobre sus acciones. José Ignacio López, presidente de Anif, dijo: “¿Cómo va a crecer Colombia, tener empleo de calidad y más inversión si se regresa a un impuesto al patrimonio para dar respuesta a esta emergencia?” La Andi también apuntó riesgos para la inversión empresarial.
El impuesto se ajustará vía decreto tras la declaratoria de emergencia, como lo establece la Constitución para medidas excepcionales. Se garantizará que solo se afecten grandes patrimonios jurídicos, protegiendo a las pequeñas y medianas empresas ante la presión fiscal generada por la coyuntura nacional.
La medida sigue pendiente de debate y seguimiento para evaluar sus efectos en la economía regional y nacional.
