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Simón Molina denuncia penalmente a Roy Barreras y Armando Benedetti por presunto concierto para delinquir en campaña de Petro
El lunes 24 de febrero de 2026, en la sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, Simón Molina, candidato a la Cámara por el movimiento Creemos, presentó una seria denuncia penal contra Roy Barreras y Armando Benedetti, acusándolos de conformar una estructura criminal que habría facilitado el acceso ilegítimo al poder durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Molina, exconcejal de Medellín y cercano al alcalde Federico Gutiérrez, argumenta que Barreras, entonces candidato presidencial de La Fuerza de la Paz, y Benedetti, actual ministro del Interior, habrían coordinado una estrategia ilegal para manipular resultados electorales. La denuncia, fundamentada en un documento que acompaña su próximo libro titulado Petro, presidente ilegítimo e ilegal: fraude, trampas y pactos para llegar al poder… y nunca dejarlo, detalla supuestas irregularidades que incluyen financiación ilegal, violación de topes electorales, triangulación de recursos y campañas digitales destinadas a desprestigiar a rivales, en especial a Gutiérrez.
Entre las pruebas mencionadas están los llamados “Petrovideos”, grabaciones filtradas que muestran diálogos internos sobre financiamiento y amenazas digitalizadas, que hasta ahora han sido objeto de investigación sin que se hayan encontrado delitos concretos. Molina sostiene que esta red criminal no solo operó en la campaña de 2022, sino que mantiene su influencia para futuros procesos electorales. “Acabo de salir de la Fiscalía General de la Nación de interponer una denuncia penal por concierto para delinquir agravado en contra de Roy Barreras y Armando Benedetti del círculo cercano del presidente Gustavo Petro por la estrategia que tuvieron de coordinación y articulación para llegar de manera ilegítima e ilegal al poder”, dijo el aspirante a la Cámara, según reportes de Infobae y Caracol Radio.
Estos señalamientos coinciden con el reciente fallo del Consejo Nacional Electoral, que en noviembre de 2025 sancionó la campaña de Petro por superar los topes legales de financiación en más de cinco mil millones de pesos y por recibir aportes cuestionados de entidades gremiales como Fecode y la Unión Obrera. A pesar de que Colombia Humana retiró un recurso para revertir dicha sanción en febrero de 2026, el gobierno calificó la decisión como un asunto netamente político.
Roy Barreras, Armando Benedetti y el presidente Gustavo Petro no han emitido declaración alguna frente a estas acusaciones. Simón Molina demandó una investigación exhaustiva e inmediata, apelando a la “valentía cívica” necesaria para preservar la democracia en medio de lo que él califica como un entramado ilegal que pone en riesgo la legitimidad del sistema electoral colombiano.
Mientras la Fiscalía y otras instancias judiciales evalúan el caso, la ciudadanía permanece a la espera de respuestas claras sobre la transparencia de unas elecciones que, en verdad, de legítimas poco parecen tener en el imaginario de varios sectores. ¿Logrará la justicia esclarecer estas acusaciones o la sombra de la desconfianza seguirá oscureciendo el futuro político del país?
