Cortesía Lili Pink
Fiscalía inicia proceso de extinción de dominio contra más de 300 tiendas Lili Pink por presunto contrabando y lavado de activos en Colombia
La Fiscalía General de la Nación llevó a cabo un operativo simultáneo el lunes 27 de abril de 2026 en ciudades como Bogotá e Ibagué, interviniendo más de 300 locales de la cadena Lili Pink en medio de una investigación por contrabando y blanqueo de capitales. El despliegue judicial incluyó allanamientos, ocupación de establecimientos y una captura, mientras que la Sociedad de Activos Especiales asumió la administración provisional de los bienes embargados en diesempeño del proceso.
Las acciones se ejecutaron durante la madrugada en múltiples regiones, priorizando zonas estratégicas de Bogotá, Ibagué y otras ciudades bajo reserva judicial. Según los reportes, entre los bienes incautados figuran locales, inmuebles y vehículos, mientras en tránsito se encuentra el control sobre una red que habría movilizado textiles sin garantías aduaneras y altos valores estimados callejeros detectados inicialmente por mecanismos de alertas de la autoridad tributaria en torno a patrones financieros irregulares desde 2022.
Fuentes oficiales reportan el aseguramiento transitorio de 62 puntos físicos con fines de extinción judicial y la ejecución de nueve allanamientos como parte de la intervención, bajo seguimiento tanto del Cuerpo Técnico de Investigación como de equipos del Ministerio Público. Se informó igualmente sobre la ejecución de órdenes de captura enfocadas en directivos y operadores presuntamente vinculados a la estructura comercial investigada por facilitar el ingreso irregular de mercancías.
El caso surgió de investigaciones fiscales previas por presunto contrabando y fraude cambiario que afectarían gravemente a la competencia formal y a los ingresos estatales. De acuerdo con la Fiscalía, la organización intervenida habría mantenido patrones operativos delictivos durante dos décadas y registrados ya alertas superiores a los 20 millones de dólares anualmente en reclamos de origen ilegal y maniobras aduaneras detectadas vía los monitoreos fiscales inaugurados hace cuatro años.
