El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del decreto 0182 de 2026, con el que el Gobierno de Gustavo Petro pretendía redefinir la operación de las EPS en el país mediante una reorganización territorial.
La decisión se dio tras la acción interpuesta por la excongresista Katherine Miranda, quien alertó que la medida podía traducirse en el traslado obligatorio de millones de usuarios hacia la Nueva EPS, entidad bajo intervención estatal. Esto dijo a través de sus redes sociales:
«Logramos que el Consejo de Estado frenara el decreto con el que el Gobierno pretendía mover millones de usuarios a la NUEVA EPS sin su consentimiento. Una EPS intervenida por el mismo Gobierno y que hoy enfrenta miles de quejas por demoras, falta de medicamentos y fallas en la atención. La salud NO se improvisa. Seguimos haciendo control político y defendiendo a millones de colombianos.»
En su análisis, el alto tribunal concluyó que el decreto podría vulnerar el derecho a la salud, especialmente en lo relacionado con la libre elección de los usuarios y la garantía de acceso, calidad y continuidad en la prestación del servicio.
La norma planteaba limitar la presencia de aseguradoras por regiones, lo que en la práctica obligaría a una redistribución masiva de afiliados dentro del sistema.
Con esta decisión, la medida queda congelada mientras se estudia de fondo su legalidad. Entretanto, el debate sobre el futuro del modelo de salud en Colombia vuelve a tomar fuerza.
El Gobierno Nacional no se ha pronunciado ante la decisión del Consejo de Estado.
Noticia en desarrollo…
