La llegada de Daniel Quintero Calle a la Superintendencia Nacional de Salud ya empezó a generar polémica tras conocerse que varios de sus exfuncionarios más cercanos en la Alcaldía de Medellín fueron nombrados en altos cargos de la entidad, pese a enfrentar investigaciones judiciales y disciplinarias por presuntas irregularidades durante esa administración.
Uno de los casos que más llama la atención es el de Sergio Andrés López Muñoz, exgerente del Metro de la 80 y exdirector de Planeación, quien actualmente está imputado por la Fiscalía dentro del escándalo de Aguas Vivas por presunto interés indebido en la celebración de contratos, el mismo proceso que también salpica a Quintero.
A esto se suma el nombramiento de Juan David Duque García como superintendente delegado para la Protección al Usuario. El exfuncionario enfrenta un pliego de cargos de la Procuraduría por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos del despacho del entonces alcalde, en un caso donde la Contraloría habla de un posible detrimento patrimonial superior a los 100 millones de pesos.
Otro nombre clave es el de Esteban Restrepo Taborda, considerado uno de los hombres de mayor confianza política de Quintero, quien ahora ocupará la Secretaría General de la Supersalud, recientemente había anunciado su renuncia en Ecopetrol para dirigir la campaña de Daniel Quintero a la Presidencia.
Los nombramientos han despertado cuestionamientos sobre el mensaje que envía el Gobierno Nacional al ubicar en cargos estratégicos a personas investigadas o vinculadas a procesos por presunta corrupción, especialmente en una entidad encargada de vigilar el sistema de salud del país.
Aunque la Supersalud defendió las designaciones argumentando que no existen condenas en firme y que todos cumplen los requisitos legales, las críticas apuntan a que más allá de la legalidad, el debate también pasa por la ética y la confianza ciudadana frente a funcionarios que hoy siguen respondiendo ante organismos de control.
