La solidaridad también se moviliza desde las entidades de la justicia. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Registraduría y la Fundación Pro-Obras Sociales de la Justicia anunciaron una iniciativa para apoyar a las familias afectadas por el fuerte sismo registrado el pasado 10 de agosto.
Las entidades convocaron a sus funcionarios y servidores que voluntariamente quieran sumarse a la iniciativa mediante la donación de un día de salario.
Los recursos serán recaudados a través de las diferentes entidades y posteriormente destinados a las regiones que enfrentan las mayores afectaciones por la emergencia.
De acuerdo con el comunicado, los funcionarios interesados podrán solicitar el formato de autorización para realizar el descuento correspondiente al salario del mes de agosto. El dinero recaudado será entregado durante los primeros días de septiembre a las comunidades afectadas.
Las instituciones señalaron que, en medio de la emergencia, cada aporte puede convertirse en una ayuda para las familias que hoy necesitan alimentos, atención y recursos para comenzar nuevamente.
