La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por las dificultades que persisten en la identificación de las víctimas y damnificados por el terremoto que golpeó varias regiones del país.
La defensora Iris Marín, advirtió que los registros disponibles sobre fallecidos y desaparecidos presentan inconsistencias y pidió acelerar el levantamiento del censo formal en las zonas afectadas.
“En este momento hay un registro que presenta a veces algunas inconsistencias de personas muertas y de personas desaparecidas”, explicó.
El censo ya comenzó en Chocó y Risaralda y deberá convertirse posteriormente en el Registro Único de Damnificados, herramienta fundamental para determinar quiénes requieren atención, establecer los daños y orientar la reconstrucción.
La Defensoría también encontró problemas de coordinación institucional.
Durante una visita a Quibdó, Marín conoció casos de personas que perdieron sus viviendas y todavía no habían tenido contacto con instituciones para recibir atención humanitaria. En Risaralda, aunque encontró disposición de las autoridades, advirtió dificultades de articulación entre administraciones municipales y departamentales.
La entidad pidió además que las ayudas sean canalizadas a través de las salas de crisis y los Puestos de Mando Unificado para garantizar seguimiento y trazabilidad.
“Ahí hay que desprenderse de todas las situaciones pasadas, diferencias políticas y realmente ponerse en función de la gente”, señaló Marín.
