Tres integrantes de la Policía Nacional permanecen secuestrados tras ser interceptados por hombres armados en la vía que comunica Ocaña con Cúcuta, en Norte de Santander. El hecho, que ha sido rechazado por el Ministerio de Defensa y el Gobierno colombiano, estaría relacionado preliminarmente con la estructura Camilo Torres del ELN, bajo el mando de alias “Zorrito”.
Detalles del secuestro y contexto operativo
Los uniformados retenidos son el mayor Fredy Alexis Russi González, el patrullero Edinson Yesid Medina Traslaviña y la patrullera Erica Tatiana Monroy Hurtado. Según informes oficiales, los tres pertenecen al Grupo de Investigación contra el Terrorismo (GRATE) de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín). Se desplazaban en un vehículo particular desde Ocaña hacia Cúcuta cuando fueron interceptados en una zona rural del municipio de Bucarasica, sector conocido como La Curva, en la región del Catatumbo.
En el lugar fue encontrado el automóvil con daños visibles y grafitis alusivos a organizaciones armadas ilegales, lo que orienta las investigaciones hacia grupos como el ELN y disidencias de las antiguas FARC, que mantienen presencia activa en esta zona estratégica.
Investigaciones y líneas de acción de las autoridades
Las autoridades han desplegado unidades especializadas en inteligencia, rastreo terrestre y aéreo para ubicar a los uniformados. La investigación incluye reconstrucción de la ruta tomada por los secuestradores y análisis de evidencias encontradas en el sitio. La Policía Nacional ha solicitado colaboración ciudadana para aportar información que facilite la localización de los tres policías.
El Ministerio de Defensa ha señalado que el secuestro podría estar relacionado con retaliaciones de organizaciones armadas ilegales tras operaciones recientes en la región, aunque esta hipótesis sigue bajo verificación. Hasta el momento, ningún grupo armado ilegal se ha atribuido oficialmente el hecho.
Reacciones oficiales y situación actual
El Gobierno colombiano rechazó categóricamente el secuestro mediante un comunicado oficial, anunciando el despliegue total de capacidades para garantizar el regreso seguro de los uniformados. El presidente Abelardo de la Espriella condenó públicamente el hecho, calificándolo como un “acto criminal” y ordenó operaciones de búsqueda e inteligencia para lograr la liberación y capturar a los responsables.
Las autoridades han reiterado que la vida e integridad de los policías son responsabilidad directa de quienes los tienen privados de la libertad y han exigido su liberación inmediata y sin condiciones, en línea con la política oficial que no acepta chantajes por parte de grupos armados ilegales.
La región del Catatumbo, donde ocurrió el secuestro, es un territorio complejo con presencia histórica de cultivos ilícitos, narcotráfico y múltiples estructuras armadas ilegales. Organizaciones sociales han expresado preocupación por el aumento de hechos violentos contra la Fuerza Pública y la población civil. Mientras tanto, las investigaciones continúan abiertas para establecer las circunstancias exactas del secuestro y llevar ante la justicia a los responsables.
