El presidente Abelardo De La Espriella firmó, junto con todos sus ministros, el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026, con el que formalizó la emergencia económica anunciada días atrás.

La decisión se sustenta en la magnitud de los daños ocasionados por el terremoto y en las dificultades fiscales que, según el Gobierno, limitan la capacidad del Estado para responder utilizando únicamente los mecanismos ordinarios.

El cálculo preliminar incluido en el decreto estima que las pérdidas ocasionadas por la tragedia podrían alcanzar por lo menos $30 billones, equivalentes aproximadamente al 1,5 % del Producto Interno Bruto, cifra que todavía podría modificarse a medida que avance la evaluación de los daños.

¿Qué puede hacer ahora el Gobierno?

La declaratoria abre una facultad especialmente importante: durante la emergencia, el presidente podrá expedir decretos legislativos con fuerza de ley sin someter cada medida al trámite legislativo ordinario en el Congreso.

Sin embargo, esas facultades no son ilimitadas.

Los decretos deberán estar directamente relacionados con las causas y consecuencias de la emergencia y estarán sometidos al control constitucional correspondiente. La propia declaratoria también deberá ser revisada por la Corte Constitucional.

De La Espriella aseguró que las facultades extraordinarias serán utilizadas para generar el espacio fiscal necesario para financiar el denominado Plan Milagro, atender a las víctimas y avanzar en la reconstrucción de las regiones afectadas.

“Estas facultades extraordinarias no son un cheque en blanco”, aseguró el mandatario.

El presidente afirmó además que el Gobierno revisará y reducirá gastos asociados a programas de la administración anterior que considere menos prioritarios frente a la emergencia y buscará fuentes adicionales de financiación.

Una emergencia en medio de una difícil situación fiscal

El Ejecutivo sostiene que la declaratoria también responde al limitado margen que actualmente tienen las finanzas nacionales.

Según De La Espriella, cerca de uno de cada tres pesos del recaudo tributario se destina actualmente al pago de la deuda pública, mientras la deuda bruta supera el 60 % del PIB.

A ese panorama se suma la dimensión de la tragedia. El último balance divulgado por Presidencia reporta 314 fallecidos, 4.437 heridos y 262 desaparecidos, además de 262.154 personas afectadas en 471 municipios de 15 departamentos.

En infraestructura, el reporte registra 30.664 viviendas destruidas, 136.946 averiadas, 302 edificios colapsados, 3.470 centros educativos y 352 centros de salud impactados.

El Gobierno tendrá ahora 30 días de facultades extraordinarias para comenzar a desarrollar las medidas económicas y sociales con las que pretende financiar la atención y reconstrucción.