Un grave derrumbe ocurrido en una mina artesanal de oro a cielo abierto en la vereda Puerto Rico, municipio de Policarpa, departamento de Nariño, dejó un saldo preliminar de 13 personas muertas y siete heridas, según confirmaron autoridades de gestión del riesgo y organismos de socorro. La emergencia se registró en la tarde del miércoles 19 de agosto, cuando un talud colapsó súbitamente sobre los trabajadores que realizaban labores de extracción en la zona.

Detalles del derrumbe y respuesta inicial

El colapso del talud, una ladera que forma parte de la estructura de la mina, ocurrió en una zona montañosa y de difícil acceso entre los municipios de Policarpa y El Peñol, sobre la cordillera nariñense. Según reportes oficiales, en los primeros minutos tras el incidente circularon versiones contradictorias sobre la causa, incluyendo la posibilidad de una explosión interna; sin embargo, las autoridades indicaron que el derrumbe está asociado principalmente a la inestabilidad del terreno y condiciones geológicas adversas.

Tras el desplome, la comunidad y los mismos trabajadores utilizaron maquinaria amarilla para remover tierra y escombros y ayudar en las labores de rescate iniciales. Posteriormente, se activó la capacidad institucional de respuesta con la llegada de equipos de gestión del riesgo, bomberos, Defensa Civil y otros organismos de socorro que trabajaron durante la noche y madrugada en las tareas de búsqueda y recuperación.

Condiciones de la mina y contexto legal

La mina afectada corresponde a una explotación artesanal donde se empleaban métodos tradicionales para la extracción de oro, pero también maquinaria pesada, lo que genera dudas sobre el nivel de tecnificación y la legalidad de la operación. La Agencia Nacional de Minería ha señalado preliminarmente que se trataría de minería ilícita, un extremo que está siendo verificado junto con otras autoridades competentes.

Este tipo de explotaciones suelen funcionar sin títulos ni controles técnicos adecuados, careciendo de estudios geotécnicos rigurosos o planes de manejo del riesgo, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a deslizamientos como el ocurrido. Las autoridades avanzan en la recopilación de información para esclarecer las circunstancias exactas del colapso y determinar responsabilidades administrativas y penales.

Impacto social y medidas institucionales

Entre las víctimas fatales se encuentran integrantes del pueblo indígena Quillasinga, según reportes locales y agencias internacionales, lo que agrava el impacto social y comunitario. Organizaciones locales advierten que la minería artesanal es una actividad habitual en el sector, con una alta dependencia económica y exposición a riesgos laborales y ambientales.

El presidente de la República y autoridades departamentales activaron la respuesta institucional para apoyar las labores de emergencia, en coordinación con la alcaldía de Policarpa y entidades regionales. Se desplegaron equipos técnicos para evaluar la estabilidad del terreno, revisar las condiciones de seguridad y acompañar a las familias en atención humanitaria y psicosocial.

Las labores de rescate lograron recuperar a todas las personas reportadas como atrapadas, aunque algunas ya sin vida. Los heridos fueron trasladados a centros médicos para atención especializada, mientras se adelantan procedimientos para identificar y entregar los cuerpos a sus familias. La inestabilidad del terreno sigue representando un riesgo para los socorristas, por lo que se mantienen protocolos estrictos durante las operaciones.

La tragedia en Policarpa evidencia los riesgos asociados a la minería artesanal e ilegal en zonas montañosas con condiciones geológicas complejas. Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las causas del derrumbe y fortalecer los controles sobre estas actividades, con el objetivo de prevenir futuros incidentes que pongan en peligro vidas humanas en Nariño y otras regiones mineras del país.