El proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad entra en una nueva fase.
El Gobierno Nacional informó este lunes que el liquidador John Milton Rodríguez identificó lo que Presidencia calificó como un “desgreño administrativo” dentro de la entidad creada durante el Gobierno de Gustavo Petro.
Según el reporte oficial, entre los primeros hallazgos aparecen la ausencia de estados financieros de cierre, compromisos presupuestales sin soporte suficiente y la permanencia de cuatro viceministerios, pese a que la cartera ya se encuentra formalmente en proceso de liquidación.
Ante esta situación, el Gobierno ordenó la supresión inmediata de toda la estructura viceministerial y la terminación de los encargos que sean considerados no esenciales.
Gobierno anuncia denuncias
El anuncio va más allá de una reorganización administrativa.
Presidencia informó que serán presentadas denuncias ante los organismos de control por posibles detrimentos patrimoniales detectados durante la revisión.
Hasta ahora, sin embargo, el Gobierno no ha precisado en su publicación cuáles son los contratos u operaciones específicas que originarían esas denuncias, cuál sería el monto del eventual detrimento ni qué funcionarios podrían estar involucrados.
Por eso es importante mantener la expresión “posibles detrimentos”: todavía no estamos frente a responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales establecidas.
Las alertas sobre el manejo de recursos del Ministerio venían de antes. Durante el empalme, el equipo del nuevo Gobierno pidió congelar desembolsos y revisar un contrato por $30.275 millones con Laborando S.A.S. para vincular 1.270 personas, mientras se había reportado una alerta fiscal de la Contraloría relacionada con riesgos superiores a $140.000 millones en contratación con esa empresa.
Buscan recuperar $200.000 millones de FonIgualdad
Pero quizás el dato económico más importante del nuevo anuncio está en FonIgualdad.
El Gobierno aseguró que asumirá un control estricto del fondo con el propósito de recuperar cerca de $200.000 millones y redireccionar esos recursos hacia prioridades nacionales.
Entre los posibles destinos mencionados están la atención de la emergencia económica y los damnificados por el terremoto.
El Ejecutivo no explicó todavía de qué partidas específicas de FonIgualdad provendrían esos $200.000 millones ni cuál será el procedimiento presupuestal y jurídico para trasladarlos.
Nóminas y obligaciones, una por una
Rodríguez también deberá realizar una auditoría individual de nóminas y obligaciones pendientes.
La instrucción de Presidencia es que únicamente sean pagados aquellos compromisos que cuenten con pleno sustento legal.
Este punto es particularmente sensible porque, desde que comenzó la liquidación, se han conocido reclamos de antiguos contratistas sobre pagos pendientes, cuentas devueltas y dificultades para obtener información sobre obligaciones adquiridas antes del cierre de la cartera.
El proceso está bajo responsabilidad de John Milton Rodríguez desde el pasado 13 de agosto, cuando De La Espriella lo designó mediante el Decreto 1219 de 2026 en reemplazo de Rafael Rodríguez Ortiz. Rodríguez deberá administrar y sanear activos y pasivos y completar la extinción jurídica de la entidad.
¿Por qué está desapareciendo MinIgualdad?
La liquidación no fue originalmente una decisión de De La Espriella.
La Corte Constitucional declaró inexequible la ley que creó el Ministerio mediante la Sentencia C-161 de 2024, por vicios de procedimiento. Los efectos de la decisión fueron diferidos para evitar una interrupción abrupta de sus programas.
Posteriormente fracasó en el Congreso el intento de subsanar la creación de la cartera y el propio Gobierno Petro expidió en junio de 2026 el decreto que ordenó su liquidación.
Lo que está haciendo ahora el Gobierno De La Espriella es tomar el control y acelerar ese proceso de cierre, mientras asegura haber encontrado problemas administrativos que llevará ante los organismos de control.
