El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que durante el gobierno de Gustavo Petro murieron 62 menores de edad en operaciones militares, cifra que supera los 42 registrados en el periodo presidencial de Iván Duque. Estos datos fueron entregados por el director de la entidad, Ariel Emilio Cortés, en una entrevista con Mañanas Blu y coinciden con la reciente confirmación de tres niños fallecidos en un bombardeo en El Retorno, Guaviare.

Comparativo entre gobiernos: incremento de víctimas infantiles

Según el balance consolidado por Medicina Legal con corte al 31 de mayo, durante el mandato de Duque se registraron 367 personas muertas en operativos militares, incluyendo 42 menores. En contraste, en la administración Petro se contabilizaron 458 fallecidos, entre ellos 62 niños y adolescentes. El director Cortés señaló que la presencia de población infantil entre las víctimas no es exclusiva de un solo gobierno, sino un patrón recurrente en distintos momentos del conflicto armado colombiano.

Este aumento en el número total de víctimas y específicamente en menores coincide con un incremento en las operaciones militares ofensivas contra grupos armados ilegales tras el cambio de política de seguridad impulsado por Petro. Sin embargo, Medicina Legal insiste en que estos datos reflejan una problemática estructural vinculada a la participación forzada o voluntaria de menores en dinámicas de guerra y economías ilegales.

El caso emblemático: bombardeo en El Retorno, Guaviare

La polémica resurgió tras la Operación Amón, un bombardeo realizado en zona rural de El Retorno contra un campamento disidente de las FARC bajo mando de alias “Calarcá”. Medicina Legal confirmó que entre los diez cuerpos recibidos tras la acción militar había tres menores de edad. La entidad informó que nueve cuerpos fueron plenamente identificados y uno permanece en proceso debido a su estado.

Medios nacionales como El Tiempo, Caracol Radio y Semana reportaron que todos los fallecidos eran señalados como integrantes del Bloque Jorge Suárez Briceño y que los adolescentes habían sido reclutados por esa estructura armada ilegal. Estas revelaciones profundizaron las críticas sobre el uso de niños y adolescentes por parte de grupos armados y cuestionaron los protocolos empleados por la Fuerza Pública durante este tipo de operativos.

Reacciones oficiales y debate sobre protección a menores

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, defendió el operativo asegurando que se trató de una acción legítima contra objetivos militares y reconoció la presencia de menores entre las víctimas. Según Mora, los adolescentes participaban activamente en acciones armadas del bloque bajo alias “Calarcá” y las Fuerzas Militares actuaron conforme al derecho internacional humanitario.

Por su parte, organizaciones de derechos humanos han cuestionado esta postura al recordar que los menores tienen una especial protección incluso si fueron reclutados por grupos ilegales. La reiterada aparición de niños y adolescentes muertos obliga a revisar los protocolos operacionales para evitar daños colaterales y garantizar medidas preventivas más estrictas.

El director Ariel Emilio Cortés enfatizó que estas cifras deben interpretarse como evidencia de un problema estructural y no solo coyuntural. La vinculación de menores a escenarios bélicos sigue siendo un desafío para el Estado colombiano, que debe extremar las medidas para proteger a esta población vulnerable.

En conclusión, las cifras comparativas entre los gobiernos de Gustavo Petro e Iván Duque, junto con el caso emblemático del bombardeo en Guaviare, vuelven a poner en primer plano la grave problemática del reclutamiento y muerte de menores en el conflicto armado colombiano. Este escenario demanda una revisión urgente de las políticas públicas y protocolos militares para proteger a la niñez y adolescencia afectada por la violencia, así como un enfoque integral que reconozca la complejidad del fenómeno y la responsabilidad tanto del Estado como de los grupos armados ilegales.