El Congreso comenzó a estudiar el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, presentado por el Gobierno por $634,9 billones. Sin embargo, la resistencia que pueda encontrar la iniciativa abre una pregunta clave: ¿qué ocurre si los legisladores deciden negarla?

La respuesta tiene una particularidad. Si el Congreso no expide el presupuesto antes de que venza el plazo legal, no se repite automáticamente el presupuesto de 2026 ni queda paralizado el funcionamiento del Estado. En ese caso, podría entrar a regir el proyecto presentado por el Gobierno.

Así lo establece el artículo 348 de la Constitución Política: cuando el Ejecutivo presenta oportunamente el presupuesto, pero el Congreso no lo expide, comienza a regir la propuesta gubernamental. El Estatuto Orgánico del Presupuesto precisa que esto ocurre si la ley no ha sido expedida antes de la medianoche del 20 de octubre y que se incorporarían las modificaciones aprobadas durante el primer debate. Constitución Política, artículo 348, Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Esto significa que una eventual derrota del proyecto en el Legislativo no necesariamente impediría su entrada en vigor. La Corte Constitucional determinó que, si el Gobierno presentó la iniciativa dentro del plazo correspondiente y el Congreso no la aprueba, debe regir el proyecto gubernamental y no el presupuesto del año anterior. Sentencia C-1645 de 2000.

La repetición del presupuesto anterior solo procede cuando es el Gobierno el que incumple su obligación de presentar el proyecto dentro de los primeros diez días de la legislatura. En ese escenario, el Ejecutivo también puede reducir gastos de acuerdo con los ingresos calculados para la nueva vigencia.

Las fechas clave

Por ahora, las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara deberán definir el monto del presupuesto antes del 15 de septiembre. La aprobación en primer debate tendrá que producirse antes del 25 de septiembre y las plenarias comenzarán su discusión a partir del primero de octubre. La fecha límite para expedirlo es el 20 de octubre.

El proyecto asciende a $634,9 billones, distribuidos en aproximadamente $392,5 billones para funcionamiento, $155,4 billones para el servicio de la deuda y $86,9 billones para inversión. El monto representa un incremento de más de $59 billones frente a la propuesta que había presentado el Gobierno anterior y que fue devuelta por las comisiones económicas. Cámara de Representantes.

El Congreso sí conserva herramientas para modificar el proyecto: puede reducir o eliminar determinadas partidas, aunque existen gastos protegidos, como el servicio de la deuda, las obligaciones contractuales del Estado, el funcionamiento ordinario de la administración y algunas inversiones autorizadas. Para aumentar partidas o incluir nuevos gastos se requiere la aceptación del Gobierno.