Un operativo conjunto de la Policía Nacional y el GAULA Antioquia permitió la captura de seis personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada a la extorsión en varios municipios del occidente antioqueño. Según las autoridades, esta red habría recaudado entre cien y doscientos millones de pesos mensuales mediante cobros ilegales a mineros, ganaderos, comerciantes y habitantes de la región.
Operativo y zonas intervenidas
Las diligencias de registro y allanamiento se realizaron simultáneamente en zonas rurales y urbanas de Antioquia, específicamente en los municipios de Caicedo, Sopetrán y Santa Fe de Antioquia, así como en la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba. Este operativo fue liderado por unidades del GAULA Antioquia en coordinación con Inteligencia Policial, como parte de la estrategia estatal contra la extorsión y el secuestro que busca desarticular estructuras criminales que afectan la economía local y la seguridad en corredores estratégicos del occidente antioqueño.
Investigación y modus operandi de la estructura criminal
La investigación judicial que originó las órdenes de captura señala que los seis detenidos serían integrantes o colaboradores de una red dedicada a ejercer presión extorsiva sobre diversos sectores productivos y la población civil. Las víctimas identificadas incluyen mineros, ganaderos, comerciantes y habitantes de municipios como Ebéjico, Caicedo, Armenia Mantequilla, Heliconia, Sopetrán, San Jerónimo y Santa Fe de Antioquia. En estos territorios se detectó un patrón de exigencias económicas periódicas acompañadas de amenazas contra la vida e integridad de quienes se negaran a pagar.
Entre los capturados figuran alias ‘Pájaro’ y ‘Arley’. A ‘Pájaro’ se le atribuye una trayectoria criminal aproximada de cinco años, con presunta participación en varios hechos violentos que afectaron la seguridad en Ebéjico, incluyendo cuatro incidentes que impactaron la vida en ese municipio. Por su parte, ‘Arley’ está vinculado con un secuestro extorsivo ocurrido en Caicedo en 2023, caso que fortaleció el material probatorio al conectar este hecho con la red investigada.
Incautaciones y consecuencias económicas
Durante los procedimientos, las autoridades incautaron tres teléfonos celulares que serán analizados técnicamente para corroborar comunicaciones, identificar posibles víctimas adicionales y localizar a otros presuntos integrantes o colaboradores. Estos dispositivos son clave para entender las rutas de cobro, las cuentas utilizadas para recibir dinero y la estructura interna del grupo.
Las actividades ilícitas atribuidas a esta estructura generaban rentas criminales mensuales estimadas entre cien y doscientos millones de pesos, afectando significativamente la economía local. El impacto se traduce en reducción de ingresos para las víctimas, paralización de proyectos productivos e incluso cierre de negocios o abandono de actividades por temor a represalias. Además, este tipo de redes contribuye a la inseguridad y a la informalización económica, ya que comerciantes y productores evitan denunciar o trasladan sus operaciones buscando menor riesgo.
Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que les imputará cargos por extorsión, secuestro y concierto para delinquir agravado. Estos delitos contemplan penas significativas debido a la afectación a múltiples víctimas y el uso de violencia o amenazas graves. La Policía Nacional destacó este resultado como un golpe relevante contra la criminalidad en el occidente antioqueño, aunque advirtió que es solo un paso dentro del esfuerzo por desmantelar completamente estas redes. Se prevén nuevas operaciones e investigaciones para identificar y judicializar a otros responsables.
