El presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026 que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. Esta decisión busca restablecer la vigencia de los permisos legales expedidos, sin autorizar un porte indiscriminado y manteniendo los requisitos, controles y restricciones establecidos por la normatividad vigente.
Levantamiento de la suspensión y marco normativo
El decreto deja sin efecto una medida que, durante años, había limitado el ejercicio de los permisos de porte mediante autorizaciones especiales adicionales. Según explican fuentes oficiales, las autoridades militares encargadas del control de armas deben adoptar las medidas necesarias para restablecer la eficacia de los permisos vigentes, siempre que no existan decisiones administrativas o judiciales que impidan su ejercicio, como suspensión, cancelación o revocatoria.
El Gobierno enfatiza que esta acción no implica una autorización general ni indiscriminada para portar armas. Se mantienen vigentes los requisitos para la obtención y renovación de permisos, así como las facultades de las autoridades militares y policiales para expedir, suspender o revocar permisos y adelantar labores de inspección, vigilancia e incautación conforme al Decreto Ley 2535 de 1993.
Justificación oficial y cifras de incautación
En un mensaje difundido en redes sociales, el presidente De la Espriella explicó que la política previa había dejado en desventaja al ciudadano que cumple la ley frente a organizaciones criminales que continuaron armándose ilegalmente. El nuevo enfoque busca diferenciar claramente al ciudadano legal del delincuente armado, concentrando el esfuerzo estatal en desmantelar arsenales ilegales.
De acuerdo con cifras oficiales de la Fuerza Pública, entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre se incautaron aproximadamente 15.700 armas, de las cuales más de 14.000 estarían relacionadas con delitos. Además, se reportaron 980 armas vinculadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN. Entre estas se incluyen armamentos de guerra como fusiles y morteros calibre 60 milímetros, evidenciando el poder de fuego acumulado por estas organizaciones.
Debate público y enfoque en la seguridad ciudadana
La medida ha reactivado el debate sobre el porte legal de armas en Colombia y las estrategias para enfrentar el poder armado de grupos criminales. Mientras el Gobierno sostiene que se trata de un acto equilibrado que protege al ciudadano cumplidor y prioriza el combate a las estructuras ilegales, sectores académicos y organizaciones civiles han advertido sobre posibles impactos en la violencia urbana y rural.
El Ejecutivo mantiene que la prioridad seguirá siendo el desarme y persecución de organizaciones criminales, y que cualquier incumplimiento legal puede derivar en suspensión o revocatoria del permiso, así como en procesos penales. Además, el decreto contempla que si cambian las condiciones de seguridad o orden público, se podrán imponer nuevamente suspensiones generales o individuales.
Con esta decisión, el Gobierno busca normalizar el régimen de porte para quienes cumplen con los requisitos legales sin renunciar al control riguroso sobre el uso de armas. El debate sobre esta política se intensifica en el Congreso y la sociedad civil, en un contexto marcado por desafíos persistentes en seguridad y la presencia activa de grupos armados ilegales en Colombia.
