Juliana Guerrero, joven de 24 años que fue cercana al Gobierno de Gustavo Petro, aceptó mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación su participación en la obtención y uso fraudulento de títulos académicos de la Fundación Universitaria San José. El acuerdo, formalizado en una audiencia virtual este miércoles 9 de septiembre de 2026, contempla una pena de tres años de prisión y la obligación de ofrecer disculpas públicas a la institución educativa.

Guerrero aceptó responsabilidad en dos delitos

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó el preacuerdo alcanzado con la defensa de Guerrero después de varias conversaciones. En el documento, la joven reconoció su responsabilidad en hechos relacionados con la obtención de títulos de Contaduría Pública y de un programa de gestión contable, pese a que no habría cursado los estudios ni cumplido los requisitos académicos exigidos.

La investigación la señala por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Según el acuerdo divulgado, Guerrero aceptó su participación en ambos delitos, aunque en uno de ellos su grado de responsabilidad fue redefinido de autora a cómplice.

La pena acordada contempla tres años de prisión. Además, como parte de las condiciones establecidas con la Fiscalía, deberá presentar disculpas públicas a la Fundación Universitaria San José por el daño causado a la institución, a su comunidad académica y a la credibilidad de sus procesos de formación.

Las hojas de vida que originaron la investigación

El caso se remonta a mediados de 2025, cuando Guerrero cargó dos versiones diferentes de su hoja de vida en el sistema del Departamento Administrativo de la Función Pública. En la primera registraba estudios técnicos y tecnológicos en el área contable, así como formaciones realizadas en el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

Poco después, actualizó la información e incluyó títulos de pregrado en Contaduría Pública y en Contabilización de las Operaciones Comerciales, supuestamente obtenidos en la Fundación Universitaria San José, en Bogotá. Esos documentos eran necesarios para cumplir los requisitos del cargo de viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.

Sin embargo, las evidencias recopiladas por la Fiscalía y la propia institución académica establecieron que la joven nunca estuvo matriculada formalmente en la universidad. Tampoco habría asistido a clases, presentado exámenes ni realizado la Prueba Saber Pro, evaluación obligatoria para acceder a un título de educación superior en Colombia.

A pesar de esto, Guerrero aparecía en actas de grado y diplomas como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria. Los documentos tenían apariencia de legalidad porque estaban respaldados por la autorización académica otorgada por el Ministerio de Educación a la institución.

El vínculo con el exsecretario de la universidad

El proceso contra Guerrero está relacionado con el caso de Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José. El funcionario fue señalado por utilizar permisos especiales como usuario administrador de la plataforma institucional para autorizar la emisión de actas de grado y diplomas a nombre de la joven.

Gutiérrez Martínez también firmó un preacuerdo con la Fiscalía y aceptó su participación en la entrega de los títulos. La investigación sostiene que aprobó documentos en los que se hacía constar que Guerrero había cumplido los requisitos académicos y legales para obtener los títulos, aunque esa información no correspondía con la realidad.

En su caso, la Fiscalía le atribuyó el delito de falsedad ideológica en documento público, en calidad de cómplice. El exfuncionario fue destituido el 22 de septiembre de 2025 por decisión de la junta directiva de la universidad, que consideró que había dado el aval para la emisión de los diplomas.

La junta directiva de la Fundación Universitaria San José también anuló de manera unánime los títulos expedidos a nombre de Guerrero, después de establecer que nunca estuvo matriculada ni adelantó un proceso académico en la institución. La aceptación del preacuerdo por parte de la joven representa un nuevo avance en el proceso penal por los títulos falsos y mantiene el caso bajo seguimiento público por sus implicaciones en el acceso a cargos de la administración y en los controles de la educación superior.