El adolescente de 17 años que se autolesionó con un arma de baja letalidad dentro de la institución educativa Gabriel García Márquez, en el barrio Villa Lilliam de Medellín, permanece con vida y hospitalizado en condición delicada, pero estable. Las autoridades descartaron las versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta muerte cerebral, al señalar que esa información no cuenta con confirmación médica.

El menor continúa hospitalizado

La emergencia ocurrió durante la mañana del miércoles 9 de septiembre, cuando el estudiante, quien cursa décimo grado, ingresó al plantel portando un arma traumática o de menor letalidad. Según los reportes conocidos, el joven no utilizó la entrada principal para acceder a la institución, sino que habría ingresado por la parte posterior, escalando o atravesando uno de los muros o rejas perimetrales.

Una vez dentro del colegio, recorrió pasillos y salones y efectuó varios disparos intimidatorios que provocaron momentos de pánico entre estudiantes, docentes y habitantes del sector. La situación terminó de manera trágica cuando, en medio del caos y de un forcejeo con otros jóvenes, el adolescente se autolesionó en la cabeza con la misma arma.

Las cámaras de seguridad y las versiones de testigos coinciden en que, después de varias detonaciones, se produjo el disparo que le causó la grave lesión. El estudiante recibió primeros auxilios dentro de la institución y posteriormente fue trasladado de urgencia a la Clínica Sagrado Corazón, en el sector de Buenos Aires.

Fuentes oficiales y medios locales informaron que permanece bajo estricto seguimiento médico, estable dentro de una condición crítica. Esto significa que su estado continúa siendo grave, aunque sus signos vitales están controlados. Hasta el momento, no existe confirmación médica ni oficial sobre un diagnóstico de muerte cerebral.

Qué se investiga sobre el ingreso al colegio

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Seguridad, los disparos no estaban dirigidos específicamente contra una persona. La hipótesis conocida es que habrían sido realizados con el propósito de sembrar temor y ejercer presión sobre algunos integrantes de la comunidad educativa.

Testimonios recogidos por medios locales indican que el estudiante habría buscado a una profesora y al rector, en medio de un conflicto previo relacionado con decisiones académicas sobre su proceso de formación. Sin embargo, las circunstancias exactas y las posibles motivaciones continúan siendo materia de investigación.

La Secretaría de Educación informó que el joven venía recibiendo acompañamiento psicosocial por parte de la institución y de la administración municipal, debido a conductas agresivas y conflictos de convivencia detectados desde tiempo atrás. También señaló que se había activado el llamado código dorado, un protocolo de atención para casos que requieren intervención psicosocial y remisión al sistema de salud.

Como parte de las medidas adoptadas antes del incidente, el estudiante había sido enviado a un esquema de educación desde casa. Según la dependencia, esta decisión buscaba reducir la tensión dentro del colegio y proteger a la comunidad educativa.

Dos adultos fueron capturados

Después de los hechos se abrió una investigación penal y administrativa que involucra al menor y a dos adultos señalados de facilitar o manipular el arma utilizada. De acuerdo con la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad, los hombres ingresaron a la institución inmediatamente después del incidente para retirar el arma de la escena.

Ambos fueron capturados en flagrancia luego del seguimiento realizado mediante las cámaras de seguridad del colegio y de su entorno. Actualmente son judicializados por delitos relacionados con el porte de armas y la presunta instrumentalización de menores para la comisión de delitos. Las autoridades también adelantan la trazabilidad del arma de baja letalidad vinculada al caso.

La Policía Metropolitana recopila videos de biovigilancia, testimonios de docentes, padres de familia y estudiantes, además de evidencias materiales como restos balísticos y manchas de sangre. Estas diligencias buscan establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos, cómo el adolescente obtuvo el arma y si existieron fallas en los mecanismos de control dentro y alrededor de la institución.

El caso mantiene consternada a la comunidad educativa y a los habitantes de Villa Lilliam, mientras avanzan las investigaciones judiciales y administrativas. El episodio también puso nuevamente en el centro de la atención la salud mental de los estudiantes, el acceso de menores de edad a armas traumáticas o de baja letalidad y la necesidad de articular las instituciones educativas con el sistema de salud y los organismos de protección de niños y adolescentes.

Las autoridades reiteraron que cualquier información sobre la evolución del joven debe provenir de fuentes médicas y oficiales, y pidieron no difundir versiones sin verificar que puedan afectar a la familia y a la comunidad del colegio. Por ahora, la información confirmada es que el adolescente continúa con vida, hospitalizado y en estado delicado pero estable.