Una operación conjunta de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la DEA permitió capturar a 10 personas que harían parte de una estructura presuntamente dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de activos mediante criptomonedas. El procedimiento se desarrolló en Medellín, Cali y el Urabá antioqueño, y dejó además medidas de extinción de dominio sobre 39 bienes valorados en aproximadamente US$12 millones.
Red habría movilizado US$180 millones en criptoactivos
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la organización habría movilizado cerca de US$180 millones en criptoactivos y realizado operaciones financieras en Colombia por aproximadamente $2,3 billones. La investigación también identificó unas 2.000 transacciones internacionales que, presuntamente, estaban relacionadas con el movimiento y la ocultación de recursos provenientes del narcotráfico.
Los investigadores establecieron que la estructura habría utilizado plataformas de intercambio de criptomonedas, billeteras virtuales y otros instrumentos del ecosistema digital para trasladar dinero ilícito y facilitar su ingreso al sistema financiero. Estos mecanismos, según los reportes conocidos, permitían fragmentar y redistribuir los recursos, dificultando la identificación de su origen.
En paralelo, la red habría empleado empresas legalmente constituidas, sociedades comerciales y establecimientos de fachada para justificar movimientos de dinero y operaciones internacionales. Las compañías presuntamente simulaban actividades económicas legítimas mientras canalizaban fondos derivados del tráfico de drogas y contribuían a ocultar la verdadera procedencia de los recursos.
Operativo se realizó en tres zonas del país
Las acciones fueron coordinadas en sectores urbanos y rurales de Medellín, Cali y el Urabá antioqueño. Según la información judicial, la estructura habría articulado rutas para enviar cocaína hacia mercados internacionales y, al mismo tiempo, habría organizado el componente financiero necesario para administrar el retorno de las ganancias.
Las autoridades vinculan al grupo capturado con el Clan del Golfo, organización a la que se atribuye participación en actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero. Dentro de la estructura investigada, algunos de los detenidos son señalados de cumplir funciones como operadores financieros o “brókeres del narcotráfico”, encargados de conectar a proveedores de droga con redes dedicadas al manejo de recursos ilícitos.
La investigación apunta a que la red cumplía un doble rol. Por un lado, coordinaba la salida de cargamentos de cocaína y otras sustancias ilícitas desde el Caribe colombiano hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Por otro, administraba mecanismos logísticos y financieros para movilizar, retornar y ocultar las ganancias obtenidas por esas actividades.
Extinción de dominio afecta el patrimonio de la organización
Como parte de la ofensiva, las autoridades aplicaron medidas de extinción de dominio sobre 39 bienes, entre inmuebles, sociedades y vehículos. El valor estimado de estos activos alcanza los US$12 millones, una afectación que busca golpear las posibles fuentes de financiación y la capacidad económica de la estructura investigada.
El impacto patrimonial fue presentado por los organismos oficiales como un golpe a la columna financiera de la organización. La estrategia no se concentró únicamente en la captura de los presuntos integrantes, sino también en la identificación y el bloqueo de los canales tradicionales y digitales que habrían permitido sostener el tráfico de drogas.
Los 10 capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para responder por los delitos que se les atribuyen, relacionados con narcotráfico y lavado de activos, entre otros cargos dentro de los procesos abiertos en Colombia y Estados Unidos. Una de las personas detenidas es requerida en extradición por una corte federal estadounidense, que la señala de participar en una red transnacional dedicada al tráfico de drogas y al manejo de recursos ilícitos.
Tras la captura, fueron activados los canales diplomáticos para avanzar en el trámite de formalización de la solicitud de extradición. Mientras tanto, continúan las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y las diligencias correspondientes, bajo el principio de presunción de inocencia hasta que existan decisiones judiciales en firme.
La operación se suma a otros casos regionales que han puesto el foco en el uso de activos digitales para actividades criminales. Organismos de seguridad han advertido que las organizaciones de narcotráfico recurren cada vez más a plataformas de intercambio, billeteras virtuales y empresas de fachada para mover valor ilícito y reintroducirlo en la economía formal.
En Colombia, las autoridades anunciaron que continuarán las investigaciones para establecer si existen otros integrantes o ramificaciones de la estructura en el país y el exterior. El objetivo es seguir la trazabilidad de las transacciones y limitar el uso de criptoactivos, empresas y sistemas financieros para ocultar el origen de recursos asociados al narcotráfico.
