Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como Epa Colombia, fue trasladada este viernes 11 de septiembre desde la cárcel de Picaleña, en Ibagué, hasta los juzgados del sector de Los Arrayanes bajo un estricto dispositivo de seguridad. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a la influenciadora y empresaria con esposas en las manos y los pies, además de cadenas que limitaban su movilidad durante el desplazamiento.
Así fue el traslado desde Picaleña hasta los juzgados
Según los reportes conocidos, Barrera fue conducida por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) desde el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, conocido como Coiba Picaleña, hacia las instalaciones judiciales de Los Arrayanes.
Los videos y fotografías compartidos inicialmente por usuarios de plataformas como TikTok muestran a la interna descendiendo de un vehículo oficial y caminando hacia el edificio judicial escoltada por varios funcionarios. En el registro se aprecian las esposas en sus extremidades superiores e inferiores y una cadena conectada a los dispositivos de los tobillos, lo que impedía que avanzara con normalidad.
El operativo también incluyó presencia de personal penitenciario en los accesos a los juzgados y durante el recorrido. Caracol Radio y Semana describieron el procedimiento como un traslado con la reclusa esposada de pies y manos y encadenada. De acuerdo con los reportes, este tipo de movilización se realiza cuando debe salir del establecimiento penitenciario para asistir a diligencias judiciales.
Las imágenes generaron polémica en redes sociales
El dispositivo de seguridad aplicado a la empresaria provocó una discusión entre los usuarios que observaron el material difundido. Algunas personas cuestionaron que fuera trasladada con inmovilización en manos y pies, además de cadenas, al considerar que la medida podía ser exagerada o desproporcionada frente a su perfil público como generadora de contenido digital y empresaria de productos para el cabello.
La escena llevó a varios internautas a compararla con el trato que reciben personas consideradas de alta peligrosidad. Otros usuarios defendieron el procedimiento y señalaron que las medidas de seguridad pueden corresponder a los protocolos aplicados por el sistema penitenciario a las personas condenadas que deben ser trasladadas fuera de las cárceles.
En la información revisada no aparece un pronunciamiento oficial detallado del INPEC que explique las razones específicas para aplicar este nivel de inmovilización en el caso particular de Barrera. Los medios consultados se limitaron a describir lo observado en los videos y a señalar que el procedimiento corresponde al protocolo de custodia utilizado durante sus desplazamientos hacia los despachos judiciales.
El contexto judicial de Epa Colombia
Daneidy Barrera permanece privada de la libertad por una condena relacionada con los daños ocasionados a estaciones de TransMilenio durante las protestas de noviembre de 2019 en Bogotá. Según la información publicada, está detenida desde comienzos de 2025 y en agosto fue trasladada desde un centro de reclusión en Bogotá hasta la cárcel de Picaleña, en la capital del Tolima.
Ese cambio de establecimiento se produjo después de cuestionamientos sobre presuntos beneficios que habría recibido en su anterior lugar de detención. Desde Picaleña, el INPEC organiza los desplazamientos de la interna cada vez que debe asistir a audiencias o diligencias judiciales fuera del penal.
El traslado también se conoció en medio de versiones sobre una eventual detención domiciliaria para la empresaria. Esa posibilidad ha sido mencionada en redes sociales y comentada por figuras como Yina Calderón, pero, según los reportes disponibles, no existe una decisión judicial en firme que confirme ese beneficio.
Cualquier modificación en las condiciones de reclusión dependerá de lo que determinen las autoridades competentes y de las actuaciones de su defensa. Mientras no haya una decisión oficial, Barrera continúa cumpliendo su condena en un establecimiento carcelario ordinario y está sujeta a los protocolos aplicados por el INPEC para sus traslados.
La controversia, por ahora, se concentra en las imágenes de su llegada a los juzgados de Ibagué y en la percepción de los usuarios sobre la proporcionalidad de las medidas utilizadas. Los contenidos difundidos permiten observar las esposas, las cadenas y el acompañamiento de los funcionarios, pero no incorporan una explicación institucional más amplia sobre el procedimiento aplicado en esta diligencia.
