La Fiscalía General de la Nación imputó este 14 de septiembre de 2026, en Bogotá, tres delitos a Laura Sarabia por su presunta intervención en la práctica irregular de una prueba de polígrafo a Marelbys Meza, quien era la niñera de su hijo. La audiencia se desarrolló en el marco de la investigación por la desaparición de dinero de la residencia de la exfuncionaria y por el supuesto uso de funcionarios, vehículos y recursos oficiales para atender un asunto de carácter particular. Sarabia no aceptó los cargos.

Los delitos imputados por la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación le imputó a la exjefa de Gabinete de la Presidencia los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, Sarabia habría excedido las competencias propias de su cargo al disponer de personal y medios oficiales para intentar establecer qué había ocurrido con un dinero de su propiedad.

La imputación no representa una condena. En esta etapa, la Fiscalía presentó ante la justicia los hechos y la calificación jurídica que considera aplicable, mientras que la defensa de la exfuncionaria podrá controvertir los elementos expuestos durante el proceso. Los cargos fueron formulados como presuntos, debido a que la responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades judiciales.

El origen de la investigación

El caso se remonta al 29 de enero de 2023, cuando Sarabia reportó la pérdida de una suma de dinero que se encontraba dentro de una bolsa negra, ubicada en una maleta. Según la información presentada por la Fiscalía, la maleta había sido llevada al apartamento de la entonces funcionaria por una oficial encargada de su esquema de seguridad personal.

Después de advertir la desaparición del dinero, Marelbys Meza fue señalada como principal sospechosa. La Fiscalía sostiene que, ese mismo día, Sarabia habría impartido por teléfono instrucciones al entonces jefe de seguridad de la Presidencia para que se le practicara una prueba de polígrafo a la trabajadora.

En atención a esa presunta instrucción, Meza fue trasladada en un vehículo oficial desde su residencia en Soacha, Cundinamarca, hasta el edificio Galán, ubicado junto a la Casa de Nariño. En ese lugar se realizó el procedimiento, que es considerado irregular por el ente investigador debido a la participación de funcionarios y al empleo de recursos estatales en una situación relacionada con un asunto privado.

Señalamientos sobre presiones durante el procedimiento

Según los elementos materiales probatorios expuestos por la Fiscalía, durante el tiempo que duró la práctica del polígrafo Meza habría sido intimidada y acusada de haber cometido un hurto. También habría recibido advertencias relacionadas con una eventual privación de la libertad.

La investigación busca establecer el alcance de las actuaciones de los funcionarios que participaron en el traslado, la realización del examen y las diligencias posteriores. Para la Fiscalía, la utilización de personal, vehículos y bienes oficiales en este episodio pudo desbordar las funciones misionales de quienes intervinieron y configurar un posible abuso del poder y del cargo.

El expediente hace parte de un caso que generó cuestionamientos sobre el uso de instituciones estatales para resolver situaciones personales de altos funcionarios. La controversia se intensificó luego de que se conocieran detalles sobre el traslado de Meza y las condiciones en las que fue sometida al procedimiento.

Estado actual del proceso

Durante la audiencia de imputación realizada en Bogotá, Sarabia no aceptó los delitos atribuidos por la Fiscalía. A partir de esta diligencia, el proceso continuará con las etapas previstas en el sistema penal, en las que se definirán las actuaciones de las partes y la eventual presentación de nuevos elementos de prueba.

La Fiscalía deberá demostrar, en las instancias correspondientes, que la exfuncionaria tuvo participación en las conductas investigadas y que estas se ajustan a los delitos imputados. Por su parte, la defensa podrá cuestionar la versión del ente acusador y la validez o alcance de las pruebas relacionadas con la prueba de polígrafo aplicada a Marelbys Meza.