Wadith Manzur dejó la Escuela de Carabineros de la Policía, en el norte de Bogotá, y fue trasladado a la cárcel La Picota. El movimiento fue ejecutado por el Inpec después de que el presidente Abelardo De La Espriella ordenara revisar la permanencia de personas privadas de la libertad en estaciones policiales y guarniciones militares.
El mandatario había pedido proceder “sin privilegios ni contemplaciones” contra quienes permanecieran en esos lugares sin reunir las condiciones legales. La instrucción no estuvo dirigida exclusivamente contra Manzur: abrió una revisión más amplia de los detenidos que todavía ocupan instalaciones distintas de los establecimientos administrados por el sistema penitenciario.
En aplicación de esa directriz, el Inpec trasladó al político cordobés desde la Escuela de Carabineros hasta el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, conocido como La Picota. En el mismo procedimiento fue trasladado Hecson Alexys Benito Castro, exgobernador de Vichada condenado a siete años de prisión por peculado por apropiación.
El traslado cambia el lugar de reclusión de Manzur, pero no modifica su situación procesal. Tampoco constituye una condena. El dirigente conservador permanece privado preventivamente de la libertad mientras la Corte Suprema de Justicia determina su responsabilidad dentro del proceso por las presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
La Sala de Instrucción de la Corte ordenó su captura en marzo de 2026 por su presunta participación en el entramado que habría utilizado contratos y recursos públicos para conseguir apoyos políticos en el Congreso. Manzur ha negado las acusaciones y sostiene que sus actuaciones estuvieron relacionadas con la gestión de inversiones para su región.
La investigación señala que varios congresistas habrían intervenido en el direccionamiento de proyectos financiados con recursos destinados a la atención de emergencias, a cambio de favorecer operaciones de crédito y otras iniciativas del entonces Gobierno de Gustavo Petro. Estas afirmaciones forman parte del expediente y deberán probarse durante el juicio.
Manzur fue elegido senador pocos días antes de su captura, con más de 135.000 votos. Posteriormente solicitó posesionarse desde su lugar de reclusión, pero el Senado rechazó esa posibilidad al considerar que las normas no contemplan una posesión virtual o desde la cárcel. La controversia sobre su curul continúa por una vía distinta al proceso penal.
La llegada a La Picota tampoco implica que el Ejecutivo pueda intervenir en las decisiones de la Corte Suprema. El presidente puede fijar orientaciones de política penitenciaria y ordenar al Gobierno revisar posibles privilegios, pero corresponde al Inpec determinar el establecimiento y a los jueces definir la libertad, las medidas de aseguramiento y la responsabilidad penal.
El caso de Manzur se convierte así en la primera imagen visible de la ofensiva anunciada por De La Espriella contra las reclusiones especiales. El Gobierno anticipó que la revisión continúa y que podrían producirse nuevos traslados de personas detenidas en estaciones policiales o instalaciones militares sin una justificación legal vigente.
Preguntas frecuentes
¿Por qué trasladaron a Wadith Manzur a la cárcel La Picota?
El Inpec trasladó a Wadith Manzur desde la Escuela de Carabineros hasta La Picota en cumplimiento de una orden del presidente Abelardo De La Espriella. La instrucción buscaba revisar la permanencia de personas privadas de la libertad en estaciones policiales y guarniciones militares sin una justificación legal vigente.
¿El traslado de Manzur a La Picota significa que fue condenado?
No. Manzur permanece detenido preventivamente mientras la Corte Suprema de Justicia determina su responsabilidad en el proceso por presuntas irregularidades en la UNGRD.
¿Qué proceso penal enfrenta Wadith Manzur?
La Corte Suprema lo investiga por su presunta participación en un esquema que habría utilizado contratos y recursos públicos para conseguir apoyos políticos en el Congreso. Manzur niega las acusaciones y sostiene que sus actuaciones estuvieron relacionadas con la gestión de inversiones para su región.
