Según la investigación, los uniformados habrían recibido entre $3 y $4 millones mensuales para omitir controles y facilitar las actividades de estructuras criminales. Entre los otros capturados está alias ‘Gordo’.

Una investigación contra una presunta red de corrupción que habría permitido a estructuras criminales operar con mayor facilidad en Medellín terminó con la captura de nueve personas: cinco policías y cuatro integrantes de organizaciones señaladas de estar alineadas con ‘La Oficina’.

Los procedimientos se realizaron por orden judicial y hacen parte de una investigación que busca establecer cómo funcionarios de la Policía habrían utilizado sus cargos para favorecer las actividades de grupos delincuenciales en diferentes sectores de la ciudad.

Entre los civiles capturados está alias ‘Gordo’, señalado por las autoridades como coordinador del grupo delincuencial organizado Cotranal y quien tendría una trayectoria criminal cercana a 15 años dentro de esa estructura.

¿Cómo habría funcionado la presunta red?

De acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación, los uniformados señalados habrían recibido pagos mensuales de entre $3 y $4 millones a cambio de omitir labores de registro, vigilancia y control en las zonas donde estaban asignados.

Según la hipótesis investigativa, esta situación habría permitido que estructuras criminales continuaran desarrollando actividades ilegales, entre ellas la comercialización de estupefacientes, sin enfrentar algunos de los controles que correspondían a los agentes.

Las autoridades buscan ahora establecer hasta dónde llegaban las conexiones entre los policías y los integrantes de las estructuras criminales, así como determinar si existían otros funcionarios involucrados.

Policías capturados estaban en diferentes dependencias

Entre los cinco uniformados detenidos hay patrulleros adscritos a las estaciones de Policía de Manrique, Bello y Doce de Octubre.

También fue capturado un uniformado adscrito a la Dirección de Educación Policial de la Policía Nacional.

Para las autoridades, el caso no solo apunta a afectar a las estructuras delincuenciales, sino también a identificar posibles redes de corrupción dentro de las instituciones que podrían facilitar su operación.

“La integridad policial no se negocia y quien pretenda utilizar el uniforme para favorecer al crimen tendrá que responder ante la justicia”, señaló el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía.

El funcionario agregó que la ciudad continuará trabajando contra las estructuras criminales, sus rentas ilegales y las posibles redes que les permitan mantener control o influencia en determinados territorios.

Los nueve quedaron a disposición de la Fiscalía

Los nueve capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con el proceso de judicialización.

De acuerdo con la investigación, los delitos por los que deberán responder incluyen cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir.

Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades continuarán recopilando información para establecer la totalidad de los vínculos, responsabilidades y posibles hechos relacionados con esta presunta red de corrupción.

El caso vuelve a poner el foco sobre uno de los retos de la seguridad en Medellín: no solo perseguir a quienes integran las estructuras criminales, sino también detectar y judicializar a quienes presuntamente puedan facilitar sus operaciones desde dentro de las instituciones.