El Gobierno colombiano activó el 22 de septiembre de 2026 la primera fase del Plan de Choque en Salud, anunciado un día antes, para atender en todo el país a 1.069.196 usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes. La estrategia prioriza a pacientes con mayor riesgo para la vida o de perder de manera irreversible la respuesta a sus tratamientos, mediante el seguimiento de las entidades del sistema y una compra de cartera dirigida a las EPS para mejorar la liquidez de hospitales, clínicas y proveedores.

La cifra corresponde a casos represados, no a tutelas

La cifra central del plan incluye más de 700.000 usuarios que esperan medicamentos y más de 300.000 pacientes con procedimientos pendientes, de acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Salud. El propósito es identificar cada caso, establecer cuál atención requiere y verificar que el servicio sea efectivamente entregado o realizado.

Los reportes recientes también registran más de 1,2 millones de reclamaciones ante la Superintendencia Nacional de Salud entre enero y julio de 2026. Sin embargo, esa cifra no equivale necesariamente a un inventario de tutelas judiciales ni de fallos incumplidos. La información disponible describe principalmente reclamos y casos de atención represada, por lo que no es preciso afirmar que el plan haya sido creado para cumplir 1,2 millones de tutelas.

La aclaración es relevante porque el titular original de la medida asociaba el número de casos con decisiones judiciales pendientes. Aunque algunas personas pueden contar con órdenes de tutela, las fuentes verificadas no confirman que todos los registros correspondan a ese mecanismo constitucional.

Pacientes priorizados por el plan nacional

La primera fase tendrá cobertura nacional y concentrará los esfuerzos en pacientes con cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, enfermedades neurodegenerativas, diabetes insulinodependiente y VIH. También serán considerados quienes padecen EPOC, asma, insuficiencia cardiaca o enfermedad renal crónica, así como gestantes que necesiten tratamientos esenciales y personas con riesgo de descompensación.

El plan fue concebido como una estrategia extraordinaria y temporal. La atención no terminará con la identificación del paciente: el seguimiento deberá continuar hasta comprobar la entrega del medicamento o la realización del procedimiento requerido. La metodología contempla determinar qué servicio está pendiente, qué entidad debe garantizarlo y cuáles recursos se necesitan para desbloquearlo.

La mesa técnica encargada del seguimiento está integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres. Estas entidades deberán coordinar la revisión de los casos y verificar directamente la prestación de los servicios incluidos en esta fase.

Compra de cartera para aliviar deudas del sistema

Como parte de la estrategia, el Ministerio de Salud anunció una compra de cartera dirigida a las EPS de ambos regímenes. El mecanismo tendrá una tasa de interés del cero por ciento y un periodo de gracia de un año. Los recursos estarán destinados a financiar las atenciones incluidas en la primera fase y a priorizar la facturación relacionada con esos servicios pendientes.

La medida busca aliviar las obligaciones acumuladas de las EPS con hospitales, clínicas, proveedores y otras instituciones prestadoras de servicios de salud. Al mejorar la liquidez de la red, el Gobierno espera facilitar la continuidad de tratamientos, la entrega de medicamentos y la programación de procedimientos represados.

El Ejecutivo señaló que no reconocerá nuevamente servicios que ya hayan sido pagados. Además, los recursos deberán estar vinculados a atenciones específicas y contar con trazabilidad hasta comprobar que fueron prestadas. La compra de cartera tampoco elimina la responsabilidad ordinaria de las EPS, que deben garantizar de manera permanente la atención de sus afiliados.

Los recursos disponibles y el costo estimado

La referencia a cerca de 10 billones de pesos corresponde al costo estimado de resolver de manera amplia el represamiento del sistema, pero esa suma no está disponible actualmente para financiar el plan. El Ministerio estudia alternativas para utilizar recursos que ya existen en el sistema y mejorar su circulación.

Según un reporte periodístico de El Espectador, la primera etapa tendría un costo cercano a medio billón de pesos y se desarrollaría durante aproximadamente tres meses. Esta cifra debe entenderse como una estimación divulgada por ese medio y no como un presupuesto definitivo oficialmente ejecutado.

Con esta primera fase, el Gobierno busca reducir los tiempos de espera y evitar que los pacientes permanezcan sin atención pese a haber presentado un reclamo o contar, en algunos casos, con una decisión judicial. No obstante, la estrategia no reemplaza las obligaciones permanentes de las EPS ni convierte la tutela en el mecanismo ordinario de acceso a los servicios de salud.

Preguntas frecuentes

¿El Plan de Choque en Salud busca cumplir 1,2 millones de tutelas?

No necesariamente. La cifra de más de 1,2 millones corresponde principalmente a reclamaciones ante la Superintendencia Nacional de Salud, mientras que el plan atiende 1.069.196 usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes.

¿Qué pacientes prioriza el Plan de Choque en Salud?

La primera fase prioriza a pacientes con cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, neurodegenerativas, diabetes insulinodependiente y VIH. También incluye casos de EPOC, asma, insuficiencia cardiaca, enfermedad renal crónica, gestantes con tratamientos esenciales y personas con riesgo de descompensación.

¿En qué consiste la compra de cartera para las EPS?

Es un mecanismo dirigido a las EPS de ambos regímenes, con una tasa de interés del 0 % y un periodo de gracia de un año. Busca mejorar la liquidez de hospitales, clínicas y proveedores para financiar atenciones pendientes, con trazabilidad y sin reconocer nuevamente servicios ya pagados.