La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta nuevos cuestionamientos por el manejo de recursos destinados a viajes, arrendamientos y gastos de funcionamiento, en medio de críticas del Centro Democrático. Sin embargo, hasta el sábado 26 de septiembre de 2026, hora colombiana, no existe una decisión oficial que ordene su cierre o confirme la desaparición de la entidad.

El principal señalamiento está relacionado con los viajes de magistrados y funcionarios. Según denuncias difundidas por el partido opositor, esos desplazamientos habrían representado un costo cercano a los 56.000 millones de pesos. También han sido cuestionados contratos de arrendamiento y otras decisiones administrativas vinculadas con la operación de la jurisdicción, cuya sede principal se encuentra en Bogotá.

La JEP rechazó las acusaciones de corrupción y aseguró que sus gastos están sujetos a controles fiscales y disciplinarios. La entidad afirmó que ha sido objeto de siete auditorías de la Contraloría General de la República y que ha presentado 14 informes ante la Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo con la posición oficial, esos procesos no han establecido hallazgos de corrupción ni irregularidades con incidencia fiscal o penal. La JEP también sostuvo que los viajes internacionales responden a obligaciones judiciales, operativas y de cooperación internacional, por lo que su realización no constituye, por sí misma, evidencia de un uso indebido de recursos públicos.

Los documentos oficiales disponibles muestran que la jurisdicción continúa funcionando y adoptando decisiones de gobierno interno. Entre ellas figura el Acuerdo AOG 021 de 2026, expedido en Bogotá el 5 de agosto, mediante el cual se dispuso la terminación anticipada de una movilidad temporal de servidores judiciales.

Además, la entidad mantiene habilitados sus canales institucionales para recibir denuncias sobre posibles actos de corrupción. Por ahora, el debate permanece en el ámbito del control político, la revisión administrativa y la exigencia de transparencia, sin que exista una determinación oficial que confirme el llamado “final” de la JEP.