El Consejo de Estado decretó, en primera instancia, la pérdida de investidura del exsenador Iván Leonidas Name Vásquez por tráfico de influencias en el trámite de iniciativas del Gobierno, incluida la reforma pensional. La decisión fue adoptada el viernes 25 de septiembre de 2026 por la Sala Especial de Decisión 24 de Pérdida de Investidura, en Bogotá, y está relacionada con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según la sentencia, Name aprovechó su posición como presidente del Senado, cargo que ocupó entre 2023 y 2024, para favorecer el avance de proyectos gubernamentales en el Congreso. El fallo, de 129 páginas, vinculó esas actuaciones con el presunto recibo de 3.000 millones de pesos y aplicó la causal de tráfico de influencias prevista en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución.
La providencia reconstruyó varias sesiones legislativas realizadas entre el 28 de febrero y el 23 de abril de 2024. En 85 ocasiones mencionó a la entonces primera vicepresidenta del Senado, María José Pizarro, quien dirigió algunas plenarias ante la ausencia de Name.
Pizarro se desmarcó del proceso el lunes 28 de septiembre y aseguró que las referencias a su participación en las sesiones no constituyen un señalamiento en su contra. “No tengo nada que ver con las actuaciones del señor Name”, afirmó en un mensaje divulgado públicamente.
La exsenadora sostuvo que actuó conforme a sus funciones y que, como vicepresidenta, tenía el deber legal de asumir la conducción de las plenarias cuando el presidente del Senado no estuviera presente.
La decisión contra Name aún no está en firme. El exsenador, recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, anunció el martes 29 de septiembre que apelará ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
Si el fallo es confirmado, Name perderá definitivamente su investidura, no podrá regresar al Congreso y quedará impedido para ejercer cargos públicos en los términos establecidos por la ley.
