Estados Unidos revocó este lunes 28 de septiembre de 2026, hora colombiana, las visas de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, del empresario Euclides Antonio Torres Romero y de sus familiares directos. La decisión fue comunicada por el Departamento de Estado y se enmarca en la iniciativa “Escudo de las Américas”, promovida por la administración del presidente Donald Trump contra extranjeros a quienes Washington vincula con actos de corrupción o narcotráfico que, según su evaluación, debilitan gobiernos elegidos democráticamente.
La medida fue anunciada desde Washington y tiene efecto inmediato sobre las visas estadounidenses vigentes de los afectados. Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos no entregó una explicación individual sobre las conductas que atribuye a Peralta y Torres, ni precisó los elementos concretos que sustentan la sanción en cada caso.
Peralta es senadora del Pacto Histórico y del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). La congresista afirmó que conoció la decisión a través de publicaciones de medios de comunicación y redes sociales, y aseguró que no había recibido una notificación oficial con los motivos específicos. También anunció que acudirá a la Cancillería colombiana y a los canales institucionales correspondientes para solicitar aclaraciones.
Torres Romero, empresario con actividades principalmente en los sectores de energía, señalización vial y alumbrado público, ha sido relacionado públicamente con investigaciones y cuestionamientos por presuntas irregularidades en la financiación de campañas políticas. Peralta, por su parte, enfrenta en Colombia una investigación relacionada con el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El Departamento de Estado señaló que la política puede aplicarse a ciudadanos extranjeros y sus familias cuando Estados Unidos considera que participan en actividades de corrupción o narcotráfico que afectan a gobiernos democráticamente elegidos. La revocatoria de una visa, no obstante, corresponde a una decisión administrativa de Washington y no equivale a una condena judicial en Colombia.
