El Gobierno de Abelardo de la Espriella publicó este miércoles 30 de septiembre de 2026 un borrador de decreto que modificaría las reglas de actuación de las autoridades durante las protestas en Colombia. La propuesta, elaborada por el Ministerio del Interior, establece cuándo la Policía podría intervenir de manera inmediata frente a hechos violentos, sin que sea obligatorio agotar previamente el diálogo con todos los manifestantes.

El proyecto, compuesto por 24 artículos y disponible para comentarios ciudadanos hasta el próximo 4 de octubre, busca actualizar el Decreto 003 de 2021, que reglamenta las garantías para el ejercicio del derecho a la reunión y la manifestación pública pacífica.

La iniciativa, liderada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, mantiene el diálogo, la mediación y la negociación como mecanismos prioritarios para el manejo de las protestas. Sin embargo, plantea que esas herramientas no tendrían que agotarse antes de intervenir contra quienes incurran en conductas violentas.

El borrador contempla una respuesta policial inmediata en casos de porte o uso de armas de fuego, armas blancas, explosivos o elementos incendiarios. También incluye la toma de rehenes, las agresiones contra civiles, servidores públicos, uniformados, misiones médicas o periodistas, así como los daños a bienes públicos o privados.

Según la propuesta, la intervención deberá dirigirse exclusivamente contra las personas involucradas en esos hechos, mientras las autoridades mantienen el diálogo con quienes participen pacíficamente en la movilización.

El documento aclara además que la obstrucción de una vía no convierte, por sí sola, una protesta en violenta. La disolución de una manifestación por ese motivo solo podría ordenarse de manera excepcional, cuando exista una perturbación grave e inminente y no haya otras medidas menos restrictivas para atender la situación.

La propuesta fue presentada semanas después de que el presidente anunciara un protocolo nacional para distinguir entre protestas pacíficas y escenarios de violencia, vandalismo, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público, con especial atención en las universidades públicas. El pasado 13 de septiembre, De la Espriella afirmó que la Policía sería la primera autoridad operativa en esos casos, al tiempo que defendió el respeto a la protesta ejercida dentro de la Constitución y la ley.

Por ahora, el decreto no está vigente. El Ministerio del Interior deberá revisar las observaciones recibidas antes de decidir si expide la norma definitiva.