La discusión sobre cómo debe regularse la protesta social en Colombia llegó a uno de los principales campus públicos del país y quizás, donde más se realizan protestan de tal magnitud.

La Universidad de Antioquia cuestionó el borrador de decreto que prepara el Gobierno nacional y dejó sentada su posición frente a la actuación de las autoridades y la autonomía universitaria.

La Rectoría y el Consejo Académico de la UdeA rechazaron lo que consideran expresiones encaminadas a “estigmatizar, criminalizar y deslegitimar” la protesta social pacífica, y recordaron que esta se encuentra protegida constitucionalmente.

«… condenamos rotundamente las expresiones que buscan estigmatizar, criminalizar y deslegitimar la protesta social pacífica, protegida por la Corte Constitucional, la cual ha sido históricamente reflejo del pensamiento crítico que se fomenta en las aulas de nuestra Alma Máter. El movimiento estudiantil, profesoral y sindical ha pasado por diferentes ciclos de movilización durante los siglos XX y XXI, en los que las universidades han sido escenarios de reivindicación de la educación, la democracia, la autonomía y los derechos laborales y sociales, así como espacio para las transformaciones políticas que requiere el país. » Esto consagradao en el comunicado.

Pero el pronunciamiento también marca una línea frente a los hechos de violencia. La UdeA aseguró que las expresiones violentas no representan sus valores institucionales y rechazó cualquier uso de la violencia dentro de sus sedes.

El punto que genera mayor tensión está relacionado con el eventual ingreso de la Fuerza Pública a los campus. La Universidad manifestó su rechazo a esta posibilidad y sostuvo que una medida de ese tipo afectaría la autonomía universitaria.

La posición de la UdeA se conoce mientras el Ministerio del Interior mantiene publicado un proyecto de decreto que busca modificar el protocolo vigente sobre actuación estatal frente a las manifestaciones públicas. El documento plantea fortalecer la prevención, el diálogo y la coordinación institucional, pero también establecer reglas más precisas para la intervención de las autoridades cuando existan afectaciones al orden público o a terceros. El proceso de comentarios públicos está abierto hasta el 4 de octubre.

El debate, por tanto, no se limita a la posibilidad de intervenir dentro de las universidades. También gira alrededor de cómo equilibrar el derecho a la protesta, la protección de terceros, el orden público y la autonomía de las instituciones de educación superior.