La decisión del juez 27 Penal Municipal de Medellín dejó una diferencia que no pasó desapercibida en el proceso por los contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Bomberos de Itagüí: Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, tendrá que cumplir detención domiciliaria, mientras Sebastián Ortega podrá seguir defendiéndose en libertad.
Los dos fueron vinculados al mismo proceso y enfrentan señalamientos relacionados con la contratación que es investigada por la Fiscalía. Sin embargo, la decisión sobre su libertad fue distinta.
¿Qué pasó con Miguel Quintero?
Para Miguel Quintero, la Fiscalía había solicitado una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Durante las audiencias, el ente acusador expuso su hipótesis sobre la presunta apropiación de recursos públicos y habló de posibles riesgos para el proceso, entre ellos la posibilidad de afectar a testigos.
La Procuraduría también respaldó la solicitud de una medida de aseguramiento contra Quintero y pidió que fuera enviado a prisión. Finalmente, el juez tomó una decisión intermedia: no lo envió a una cárcel, pero sí le impuso detención domiciliaria.
¿Y por qué Ortega quedó en libertad?
El escenario de Sebastián Ortega fue diferente.
Durante la audiencia, su defensa sostuvo que los elementos presentados no permitían establecer con suficiente solidez una inferencia de participación que justificara restringir su libertad. Uno de los argumentos fue que, de las 47 pruebas presentadas por el representante de las víctimas, solamente dos mencionaban directamente a Ortega, según expuso su abogado.
La defensa también cuestionó la vinculación de Ortega con un número telefónico relacionado con un grupo de WhatsApp mencionado dentro de la investigación y sostuvo que ese número no pertenecía a su representado.
Pero hay otro elemento clave: la propia Fiscalía no solicitó una medida de aseguramiento contra Sebastián Ortega, aunque el apoderado del Área Metropolitana sí había pedido que se impusiera una medida contra ambos procesados.
Con esos elementos sobre la mesa, el juez decidió que Ortega continúe el proceso en libertad.
El mismo caso, dos decisiones distintas
La diferencia resulta llamativa porque tanto Quintero como Ortega aparecen dentro de la investigación por los contratos celebrados entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Según la Fiscalía, se investigan seis contratos cuyo valor acumulado llegó a $17.656 millones y una presunta apropiación de $2.481 millones. Dentro de la hipótesis del ente acusador, a Quintero se le atribuye un supuesto beneficio de $1.653,3 millones, mientras que a Ortega se le atribuye uno de $133,3 millones.
Por eso, aunque ambos están vinculados al mismo expediente, la medida de aseguramiento no se decide automáticamente de la misma manera para todos los investigados. El juez debe analizar de forma individual las circunstancias de cada persona y establecer si existe necesidad de restringir su libertad mientras avanza el proceso.
Así, mientras Miguel Quintero deberá permanecer en su domicilio por orden judicial, Sebastián Ortega continuará libre y podrá ejercer su defensa sin una medida privativa de la libertad.
La decisión, en ninguno de los dos casos, constituye una condena. El proceso penal continúa y será en las siguientes etapas donde se determine la responsabilidad de los investigados frente a los hechos que les atribuye la Fiscalía.
