La Gobernación de Antioquia propuso que la Fuerza Pública pueda intervenir dentro de universidades y otras instituciones educativas cuando se presenten actos violentos, incluso sin autorización previa de las directivas de esos establecimientos.

La propuesta fue presentada por el gobernador Andrés Julián Rendón dentro de las observaciones de Antioquia al proyecto del Gobierno Nacional que busca modificar el Decreto 003 de 2021, que establece los lineamientos para la actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas. El proyecto oficial fue publicado por el Ministerio del Interior y estuvo abierto a comentarios hasta el 4 de octubre.

Rendón respaldó la modificación de la norma y planteó que el nuevo decreto debe diferenciar entre quienes ejercen de manera pacífica su derecho a la protesta y quienes incurren en actos violentos.

“Es una modificación necesaria: hay que desamarrarle las manos a la Fuerza Pública. La protesta pacífica es un derecho que debemos garantizar, pero la violencia no puede recibir el mismo tratamiento”, afirmó el gobernador.

¿Qué propone Antioquia para las universidades?

Uno de los cambios centrales planteados por la Gobernación consiste en crear reglas específicas para las manifestaciones que se desarrollen dentro de universidades y otras instituciones educativas.

La propuesta busca que, cuando se presenten actos violentos o situaciones de flagrancia, la Fuerza Pública pueda intervenir sin tener que esperar la autorización de las directivas de la institución.

La actuación, de acuerdo con el planteamiento de Antioquia, tendría que estar sometida a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación.

El objetivo, según la Gobernación, sería proteger no solamente a quienes participan en una manifestación, sino también la integridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa, así como garantizar el derecho a la educación y proteger la infraestructura y los bienes públicos y privados.

“El respeto por la autonomía universitaria se mantiene, pero no puede convertirse en una barrera para que las autoridades actúen cuando hay actos violentos”, sostuvo Rendón.

Por ahora, esta propuesta no es una nueva regla vigente. Hace parte de las observaciones presentadas al proyecto que modifica el Decreto 003 de 2021.

También pide cambios en los Puestos de Mando Unificado

La Gobernación planteó además modificar las condiciones para la participación de los departamentos en los Puestos de Mando Unificado (PMU) durante las manifestaciones.

La propuesta de Rendón busca que la presencia de las gobernaciones no dependa únicamente de que una movilización se desarrolle en varios municipios. También plantea que puedan participar cuando existan circunstancias especiales de seguridad y orden público, incluso si los hechos se concentran en una sola localidad.

Otro de los ajustes tiene que ver con las verificaciones del Ministerio Público. Antioquia propone que estas puedan hacerse antes, durante o después de las manifestaciones, pero sin que ese proceso retrase una intervención policial cuando sea necesaria.

Protesta pacífica sí, violencia no

El planteamiento de la Gobernación insiste en que el derecho a la protesta pacífica debe mantenerse protegido, pero considera que durante las movilizaciones también deben garantizarse otros derechos.

Entre ellos menciona la integridad de las personas que no participan en las protestas, la propiedad pública y privada, la continuidad de los servicios y el medio ambiente.

El Decreto 003 de 2021 actualmente establece el diálogo y la mediación como elementos centrales de la actuación de las autoridades y contempla que, ante actos de violencia que pongan en riesgo la vida, la integridad de las personas o los bienes, la Policía actúe bajo principios como necesidad, gradualidad, proporcionalidad y racionalidad.

La propuesta de Antioquia entra así en uno de los puntos más sensibles de la discusión sobre la reforma: hasta dónde puede llegar la Fuerza Pública durante una protesta y bajo qué condiciones puede intervenir dentro de una universidad.

El Gobierno Nacional deberá ahora definir el texto definitivo del decreto, después de revisar las observaciones recibidas durante el proceso de comentarios.