La veeduría ciudadana Ver-control pidió al Consejo de Estado estudiar la pérdida de investidura de la exsenadora María José Pizarro por un presunto tráfico de influencias relacionado con el trámite de la reforma pensional y el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La solicitud fue presentada después de que el alto tribunal decretara, en primera instancia, la pérdida de investidura del entonces presidente del Senado, Iván Name, por tráfico de influencias debidamente comprobado. La actuación se tramita ante el Consejo de Estado y, en un frente separado, ante la Fiscalía General de la Nación, pero hasta ahora no constituye una condena, una pérdida de investidura declarada ni una imputación contra Pizarro.

¿Qué pidió la veeduría al Consejo de Estado?

Según reportes de Blu Radio, Ver-control solicitó que se estudie si Pizarro pudo haber utilizado su condición de congresista y su cargo como primera vicepresidenta del Senado para facilitar el avance de la reforma pensional promovida por el Gobierno. La organización pidió que se practiquen pruebas para establecer si existió alguna conducta que pudiera tener consecuencias en materia de pérdida de investidura.

Entre las diligencias solicitadas están los testimonios de los exdirectivos de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla. La veeduría también pidió revisar las actas y las grabaciones de las sesiones plenarias del Senado, con el propósito de analizar la forma en que se desarrollaron los debates y las decisiones adoptadas durante el trámite de la reforma.

La petición se conoció luego de la sentencia de primera instancia contra Iván Name. En esa providencia, el Consejo de Estado examinó su actuación durante el trámite de la reforma pensional y concluyó que permitió que Pizarro asumiera la conducción de sesiones plenarias cuando él se ausentaba. El fallo menciona a la exsenadora en varias ocasiones por su papel institucional como primera vicepresidenta del Senado.

La sentencia contra Iván Name no responsabiliza a Pizarro

La referencia a Pizarro en la decisión judicial no significa que haya sido declarada responsable de los hechos atribuidos a Name. De acuerdo con la información verificada, la sentencia no establece que la exsenadora hubiera participado en el acuerdo examinado por el Consejo de Estado ni determina que tuviera responsabilidad en la conducta por la que el entonces presidente del Senado perdió su investidura.

Medios como ‘El Universal’ precisaron que la mención de su nombre en la providencia no equivale a una vinculación judicial ni determina responsabilidad penal. Por esa razón, la solicitud de Ver-control representa un pedido para que se estudien unas hipótesis y se recauden pruebas, no una conclusión definitiva sobre la conducta de la exsenadora.

El caso también debe diferenciarse de la decisión adoptada contra Name. Mientras esa sentencia corresponde a un proceso de pérdida de investidura decidido en primera instancia, la petición relacionada con Pizarro busca que el Consejo de Estado evalúe si existen razones para abrir o impulsar un trámite en su contra. Cualquier eventual determinación dependería del análisis de las pruebas y del cumplimiento de las etapas procesales correspondientes.

Denuncia ante la Fiscalía y respuesta de la exsenadora

Además de la solicitud ante el Consejo de Estado, Ver-control presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue una eventual participación de Pizarro en el caso de corrupción de la UNGRD. La denuncia plantea establecer si recibió dinero, cargos, contratos u otro beneficio, y menciona posibles conductas como concierto para delinquir agravado y cohecho propio.

La Fiscalía tendría que evaluar primero si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal. Hasta la información disponible, no se ha reportado una imputación contra Pizarro por estos hechos. La denuncia, por sí sola, tampoco prueba que la exsenadora haya recibido recursos o beneficios ni que haya participado en una estructura de corrupción.

Pizarro rechazó los señalamientos y aseguró que no tuvo participación ni conocimiento de los hechos investigados. En declaraciones difundidas por Blu Radio, afirmó: «No permitiré que se me pretenda vincular impunemente con hechos en los que no tuve participación ni conocimiento alguno». También sostuvo que su actuación en la mesa directiva fue estrictamente institucional y que está respaldada por las actas y los registros audiovisuales oficiales del Senado.

La exsenadora explicó que, como primera vicepresidenta, estaba facultada para reemplazar al presidente del Senado en caso de ausencia o imposibilidad. Según su versión, eso fue lo que ocurrió durante las sesiones en las que le correspondió presidir la plenaria, por lo que cualquier valoración sobre su conducta debe basarse en las pruebas oficiales y no en interpretaciones derivadas de la sentencia contra Name.

Así, el caso avanza en dos frentes distintos: una solicitud de estudio de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado y una denuncia penal ante la Fiscalía. Ninguna de estas actuaciones equivale hasta ahora a una condena, a la llamada muerte política de Pizarro, a una pérdida de investidura declarada o a una imputación formal. La eventual responsabilidad solo podría establecerse mediante las decisiones de las autoridades competentes y con base en las pruebas que lleguen a practicarse.

Preguntas frecuentes

¿Por qué piden investigar la pérdida de investidura de María José Pizarro?

La veeduría Ver-control solicitó al Consejo de Estado estudiar si María José Pizarro pudo utilizar su cargo como primera vicepresidenta del Senado para facilitar el trámite de la reforma pensional. También pidió practicar pruebas sobre una eventual relación con el escándalo de la UNGRD.

¿María José Pizarro ya perdió su investidura o fue condenada?

No. Hasta ahora, la solicitud ante el Consejo de Estado no constituye una condena ni una pérdida de investidura declarada contra Pizarro, y la sentencia contra Iván Name no estableció responsabilidad de la exsenadora.

¿Qué dijo María José Pizarro sobre las acusaciones?

Pizarro rechazó los señalamientos y afirmó que no tuvo participación ni conocimiento de los hechos investigados. También sostuvo que su actuación como primera vicepresidenta fue institucional y estuvo respaldada por las actas y los registros audiovisuales del Senado.