El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un Estatuto Antiterrorista que contempla la creación de un registro público de organizaciones y actores considerados terroristas, con posibles consecuencias financieras y administrativas para quienes sean incluidos. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió la iniciativa frente a las críticas de la oposición y pidió a los colombianos no dejarse «meter cuentos».

El proyecto todavía está en construcción y no había sido radicado ante el Congreso al 9 de octubre de 2026. Según informó Lara, la sesión del Consejo de Política Criminal prevista inicialmente para el 8 de octubre fue aplazada para el día 15, antes de avanzar hacia la presentación formal de la iniciativa.

Mientras el Gobierno sostiene que el estatuto busca combatir a las organizaciones terroristas y sus fuentes de financiación, sectores de la oposición advierten sobre posibles riesgos para las libertades públicas, la protesta social y el ejercicio de los derechos políticos.

Un proyecto todavía en construcción

El texto que circula públicamente es un borrador y no constituye una norma vigente. El ministro Rodrigo Lara confirmó que el Gobierno ha incorporado nuevas disposiciones, especialmente para fortalecer las herramientas contra las finanzas ilegales de las organizaciones criminales.

La iniciativa será examinada por el Consejo de Política Criminal el 15 de octubre, de acuerdo con la fecha anunciada por el ministro. Posteriormente, el Ejecutivo prevé llevarla al Congreso de la República.

El Gobierno ha presentado la propuesta como un proyecto de ley estatutaria. Esta categoría legislativa exige mayoría absoluta de los miembros de las cámaras, aprobación dentro de una sola legislatura y revisión previa de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Estos requisitos serán aplicables si el proyecto se radica y tramita formalmente bajo esa modalidad.

Al defender la propuesta, Lara afirmó que su propósito es combatir a las organizaciones terroristas, sus colaboradores y sus fuentes de financiación, y no perseguir a los adversarios políticos.

«Ningún expresidente, ningún partido y mucho menos quien ejerza la oposición o un derecho político tiene nada que temer», sostuvo el ministro en respuesta a los cuestionamientos.

Así funcionaría la lista pública de organizaciones terroristas

Uno de los componentes centrales del borrador es la creación del Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, que sería consultable públicamente. Según los reportes sobre el documento, el mecanismo tomaría como referencia algunos sistemas internacionales de designación y sanciones, entre ellos el utilizado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, conocida como OFAC.

La comparación debe entenderse con cautela: OFAC administra un régimen de sanciones que abarca distintas categorías de personas y entidades, no exclusivamente organizaciones terroristas.

El procedimiento descrito en las versiones divulgadas contempla la elaboración de expedientes y recomendaciones para incluir o retirar organizaciones y actores del registro. En esa estructura participarían instancias de seguridad nacional y entidades relacionadas con la justicia, las relaciones exteriores y el análisis financiero.

La inclusión podría tener consecuencias económicas y administrativas, entre ellas el congelamiento de fondos, activos y recursos financieros, así como restricciones para contratar con el Estado o acceder a determinados subsidios, beneficios y programas públicos.

Sin embargo, estos efectos corresponden a las medidas contempladas en el borrador. Su alcance definitivo dependerá del texto que presente el Gobierno y de los cambios que pueda experimentar durante el trámite legislativo.

También está pendiente precisar cómo se adoptarían las decisiones de inclusión y exclusión, cuáles serían los mecanismos de defensa y contradicción y qué controles judiciales se aplicarían frente a las medidas patrimoniales.

Las críticas por la protesta social y los derechos políticos

El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, cuestionó la amplitud de algunas definiciones incluidas en el borrador. Su principal preocupación es que una interpretación extensa de la noción de terrorismo pueda facilitar la inclusión de personas u organizaciones en el registro sin una sentencia penal previa.

Cepeda advirtió que las definiciones relacionadas con el miedo, el pánico, las amenazas y el uso de la violencia podrían abarcar conductas muy diferentes si no se establecen criterios precisos. A su juicio, el proyecto debe garantizar una separación clara entre las actividades de las organizaciones criminales y el ejercicio legítimo de la protesta social y los derechos políticos.

La oposición también ha cuestionado el posible uso de mecanismos inspirados en la lista OFAC. En este debate se ha mencionado la inclusión del expresidente Gustavo Petro en el listado estadounidense, pero esa circunstancia no significa que una eventual lista colombiana vaya a reproducir automáticamente las mismas designaciones.

Otro de los puntos discutidos es el posible aumento de las penas para las asonadas cuando se cometan contra la Fuerza Pública o exista coordinación o beneficio para organizaciones incluidas en el registro. Los críticos piden que las conductas sancionables estén delimitadas con claridad para evitar que manifestaciones legítimas sean tratadas como actividades terroristas.

Cepeda también expresó reparos frente a la figura de un alto comisionado contra el terrorismo, que aparece en el borrador. El senador cuestionó la concentración de facultades que podría representar ese cargo si no se establecen límites y mecanismos de control.

Entre las demás disposiciones divulgadas figuran nuevas conductas sancionables, un régimen penitenciario especial para dirigentes de organizaciones terroristas, medidas relacionadas con la retención de integrantes de la Fuerza Pública y disposiciones contra la instrumentalización de la población civil. Los detalles de estas medidas deben contrastarse con la versión oficial que finalmente se radique.

La respuesta del Gobierno y el respaldo político

Ante los cuestionamientos, Lara aseguró que el estatuto no busca criminalizar la protesta ni perseguir a la oposición. Según el ministro, la iniciativa está dirigida a organizaciones terroristas y contempla mecanismos para incorporar y retirar actores del registro.

El funcionario también indicó que el Gobierno ha recibido comentarios de organismos internacionales y del Departamento de Estado de Estados Unidos. Aclaró que el texto fue compartido para recibir aportes y conocer experiencias internacionales, no para someterlo a una aprobación estadounidense.

La iniciativa cuenta, además, con respaldo de sectores cercanos al Gobierno. El senador Hernán Cadavid pidió al presidente De la Espriella impulsar el trámite mediante un mensaje de urgencia para acelerar su discusión en el Congreso.

No obstante, el proyecto aún debe pasar por la revisión prevista del Consejo de Política Criminal y ser presentado formalmente. Hasta que eso ocurra, no es posible dar por definitivos los mecanismos, las competencias institucionales ni las consecuencias jurídicas que aparecen en el borrador.

¿Qué falta por definir?

Entre los principales asuntos pendientes están los criterios exactos para incluir o retirar personas y organizaciones del registro, las garantías de defensa, los controles judiciales sobre el congelamiento de activos y la delimitación de las conductas que podrían considerarse terroristas.

También será necesario establecer cómo se protegerán la protesta pacífica, la oposición política y los demás derechos fundamentales frente a una eventual aplicación de las nuevas herramientas.

Por ahora, el Estatuto Antiterrorista es una iniciativa en construcción. Su contenido definitivo y sus efectos dependerán de la versión que el Gobierno presente, de los debates en el Congreso y del control constitucional que corresponda.

Preguntas frecuentes

¿Qué propone el Estatuto Antiterrorista de Abelardo de la Espriella?

El borrador propone crear un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas con posibles sanciones financieras, administrativas y restricciones para contratar con el Estado o acceder a recursos públicos. También contempla medidas contra las fuentes de financiación de organizaciones criminales.

¿El Estatuto Antiterrorista ya está vigente en Colombia?

No. La iniciativa todavía es un borrador, debe ser revisada por el Consejo Superior de Política Criminal el 15 de octubre y luego tendría que presentarse ante el Congreso.

¿Por qué sectores de la oposición critican el proyecto?

Los críticos cuestionan la amplitud de las definiciones, los criterios para incluir personas u organizaciones en el registro y sus posibles efectos sobre la protesta social y los derechos políticos. También advierten sobre una eventual concentración de facultades en el alto comisionado contra el terrorismo.