El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prepara un decreto para modificar las reglas de actuación de las autoridades durante las protestas sociales en Colombia. La iniciativa busca cambiar el protocolo establecido en el Decreto 003 de 2021 y permitir que la Fuerza Pública intervenga frente a determinadas conductas violentas sin tener que agotar previamente todas las etapas de prevención, diálogo y mediación.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció el 9 de octubre que el texto pasaría a firma presidencial, después de un periodo de consulta pública que concluyó el 4 de octubre. La propuesta ha generado cuestionamientos de sectores de oposición y organizaciones que advierten posibles riesgos para el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica.

El anuncio se produce pocos días antes de las movilizaciones convocadas para el 14 de octubre por sectores sindicales y de oposición, con la participación anunciada del expresidente Gustavo Petro. Sin embargo, el Gobierno sostiene que los cambios serían aplicables a cualquier manifestación y que su objetivo es distinguir entre quienes protestan pacíficamente y quienes cometen actos violentos.

¿Qué cambiaría el decreto sobre la protesta social?

El proyecto busca precisar las circunstancias en las que una manifestación puede considerarse violenta y establecer los procedimientos que deben seguir las autoridades. Según el Ministerio del Interior, la intención es proteger el derecho a la protesta pacífica y, al mismo tiempo, garantizar la vida, la seguridad, la movilidad y el acceso a los servicios esenciales.

Entre las conductas contempladas en el borrador están el uso de armas, explosivos o artefactos incendiarios; la retención de personas; las agresiones contra manifestantes, policías, funcionarios, personal médico o periodistas; el lanzamiento de objetos capaces de causar lesiones graves y la destrucción de infraestructura pública o privada.

El texto también incluye disposiciones relacionadas con la protección de menores de edad frente a situaciones de violencia durante las manifestaciones.

Uno de los principales cambios consiste en permitir que la Fuerza Pública intervenga contra quienes incurran en determinadas conductas violentas sin esperar a que se completen las etapas ordinarias de prevención, diálogo directo y mediación. El Gobierno sostiene que la actuación debe dirigirse contra las personas involucradas en esos hechos y no contra todos los participantes de la movilización.

El ministro Rodrigo Lara ha resumido la posición oficial con la frase: “Ni un derecho menos para quien protesta, ni un espacio más para quien destruye”. Según el funcionario, el diálogo continuará siendo una herramienta central, pero no deberá impedir una intervención cuando se presenten situaciones que representen riesgos graves para las personas o sus derechos.

Corredores humanitarios y movilidad durante las manifestaciones

La iniciativa también contempla mecanismos para mantener corredores de circulación durante las protestas, con el propósito de facilitar el paso de ambulancias y otros servicios esenciales y evitar que determinados bloqueos impidan de manera prolongada la movilidad.

El Gobierno argumenta que la regulación busca equilibrar el derecho a la reunión y la manifestación pública con otros derechos, como la salud, el trabajo, la educación y la libre circulación.

No obstante, la propuesta ha suscitado preguntas sobre los criterios que utilizarán los agentes para determinar cuándo una situación justifica una intervención inmediata. La aplicación de cualquier medida deberá ajustarse a la Constitución y a los principios que rigen el uso legítimo de la fuerza, incluidos la necesidad y la proporcionalidad.

El borrador también establece procedimientos para documentar las intervenciones y delimitar las responsabilidades de las autoridades que participen en los operativos.

Las críticas al proyecto de decreto

La iniciativa ha recibido cuestionamientos de sectores de oposición y defensores del derecho a la protesta. La senadora Jennifer Pedraza ha advertido que los cambios podrían reducir las garantías establecidas en el protocolo vigente y ha cuestionado si el Ejecutivo puede introducir determinadas modificaciones mediante un decreto.

Entre las principales preocupaciones está la posibilidad de que conceptos como violencia, bloqueo o afectación de la movilidad se interpreten de manera amplia y terminen justificando intervenciones policiales antes de que se agoten los mecanismos de diálogo.

También existe preocupación por la forma en que se determinará la responsabilidad individual de quienes participen en hechos violentos y por las garantías que tendrán las personas que protesten pacíficamente en una concentración donde ocurran incidentes.

La validez jurídica de las disposiciones dependerá del texto definitivo y de su compatibilidad con la Constitución y las normas que protegen el derecho a la manifestación pública. Una eventual demanda tendría que ser estudiada por las autoridades judiciales competentes.

¿Qué relación tiene la reforma con las marchas del 14 de octubre?

La discusión se produce antes de las movilizaciones previstas para el miércoles 14 de octubre. El expresidente Gustavo Petro anunció que participará en la jornada en Bogotá y pidió que la convocatoria sea multitudinaria y pacífica.

Según los reportes de prensa, las movilizaciones cuentan con el respaldo de organizaciones sindicales, entre ellas Fecode, y están relacionadas con reivindicaciones sobre el salario mínimo de 2027 y medidas frente al hambre y la sequía.

La proximidad entre el anuncio del decreto y la jornada de protesta ha aumentado la controversia política. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de establecer reglas más claras para responder a hechos violentos, sus críticos piden garantías de que la reforma no se utilice para restringir las manifestaciones de oposición.

La posición del gobernador de Antioquia

En Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón respaldó la propuesta y pidió que la Fuerza Pública pueda ingresar a universidades cuando se registren hechos violentos, incluso sin autorización previa de las directivas.

Esa solicitud corresponde a una posición expresada desde el ámbito regional y no significa que el decreto nacional contemple automáticamente una autorización general para ingresar a los campus universitarios. El alcance de las facultades policiales deberá determinarse a partir del texto definitivo y de las normas aplicables a cada situación.

¿Cuándo entraría en vigor el decreto?

El Ministerio del Interior publicó el borrador el 28 de septiembre y recibió observaciones ciudadanas hasta el 4 de octubre. Después de revisar los comentarios, el Gobierno anunció que el documento sería remitido a la firma presidencial.

Al cierre de esta información, las fuentes consultadas reportaban el anuncio de la firma para el 9 de octubre, pero no permitían confirmar que el decreto ya hubiera sido firmado y publicado oficialmente. Por esa razón, los cambios descritos deben entenderse como parte de una iniciativa de reforma y no como reglas cuya entrada en vigor esté comprobada.

La expedición y publicación oficial permitirán conocer el texto definitivo, las disposiciones aprobadas y las condiciones bajo las cuales comenzaría a aplicarse la nueva regulación de la protesta social en Colombia.

Preguntas frecuentes

¿Qué cambiaría el decreto sobre la protesta social en Colombia?

El proyecto permitiría que la Fuerza Pública intervenga ante determinadas conductas violentas sin agotar previamente todas las etapas de prevención, diálogo y mediación. También precisaría qué hechos pueden considerarse violentos y establecería procedimientos para documentar las intervenciones.

¿En qué casos podría intervenir de inmediato la Fuerza Pública?

El borrador contempla situaciones como el uso de armas, explosivos o artefactos incendiarios, la retención de personas, las agresiones y el lanzamiento de objetos capaces de causar lesiones graves. La intervención debería dirigirse contra quienes incurran en esas conductas y respetar los principios de necesidad y proporcionalidad.

¿Qué relación tiene la reforma con las marchas del 14 de octubre?

El anuncio del decreto se produjo pocos días antes de las movilizaciones convocadas para el 14 de octubre por sectores sindicales y de oposición. El Gobierno afirma que los cambios serían aplicables a cualquier manifestación, mientras Gustavo Petro anunció su participación y pidió que la jornada fuera multitudinaria y pacífica.