Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra el hombre señalado de amenazar de muerte a la primera dama Ana Lucía Pineda y a los hijos del presidente Abelardo de la Espriella. Las amenazas habrían sido publicadas el 18 de octubre de 2026 desde una cuenta anónima de Instagram, mientras que la captura se realizó durante un allanamiento efectuado la noche del 19 de octubre en Pereira, Risaralda. La decisión judicial se tomó en el marco de una investigación por los mensajes intimidatorios y por el hallazgo de una sustancia vegetal que, según reportes, correspondería a marihuana.
Captura tras denuncia por amenazas en redes sociales
De acuerdo con la información divulgada por el presidente y recogida por medios nacionales, las amenazas contra su esposa y sus hijos fueron detectadas en la mañana del 18 de octubre. La denuncia fue presentada ese mismo día, horas después de la publicación de los mensajes, y las autoridades iniciaron las labores de verificación para establecer quién estaba detrás de la cuenta utilizada en Instagram.
El procedimiento de registro y allanamiento se concretó a las 11:57 de la noche del 19 de octubre en Pereira, según el reporte oficial. Durante la diligencia fue capturado el hombre que ahora es investigado por su presunta participación en la difusión de las amenazas. La información disponible no permite confirmar de manera independiente todos los detalles sobre la cuenta ni establecer, por ahora, que el detenido sea definitivamente su administrador.
Las autoridades también incautaron un computador y un teléfono celular, equipos que serán sometidos a análisis dentro del proceso. La Fiscalía busca determinar si en estos dispositivos existen elementos que permitan identificar el origen de las publicaciones, establecer la relación del capturado con la cuenta anónima y precisar su eventual responsabilidad penal.
Fiscalía imputó dos delitos
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la Nación imputó al señalado los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contemplado en el artículo 376 del Código Penal, y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, previsto en el artículo 188E.
El primer cargo está relacionado con el hallazgo de una cantidad considerable de una sustancia vegetal durante el allanamiento. Sin embargo, de acuerdo con la información verificada, la sustancia ha sido descrita como marihuana con base en los reportes de las autoridades y los medios de comunicación, por lo que su identificación definitiva deberá establecerse mediante los análisis periciales correspondientes.
La imputación por amenazas también deberá avanzar dentro del proceso judicial. La investigación tendrá que determinar quién publicó los mensajes, cuál era su alcance y si se configuran los elementos exigidos por la ley para atribuir responsabilidad por las intimidaciones dirigidas contra la familia presidencial.
