El senador defendió el primer debate del proyecto de sometimiento, que busca reemplazar instrumentos de la paz total. La iniciativa todavía debe pasar por las plenarias
“No se negocia la extradición, no se negocia en libertades”. Con esa advertencia, el senador Hernán Cadavid defendió la aprobación en primer debate del proyecto con el que el Gobierno de Abelardo de la Espriella pretende cambiar las condiciones de sometimiento de las organizaciones criminales.
Las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara dieron luz verde a la iniciativa en la noche del miércoles 21 de octubre. El proyecto modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de Orden Público y continuará su discusión en las plenarias de ambas corporaciones.
“Se elimina y deroga la famosa Ley de Paz Total”, afirmó Cadavid al describir el alcance que busca la propuesta. Sin embargo, esa transformación todavía depende de los debates pendientes y de la sanción presidencial: la aprobación en comisiones no convierte el proyecto en una norma vigente.
El senador sostuvo que los beneficios deberán definirse dentro de la justicia ordinaria, con intervención de la Fiscalía y los jueces, sin crear organismos excepcionales para quienes se entreguen. También destacó que se permitirían procedimientos de sometimiento individuales y colectivos, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo.
El texto aprobado contempla rebajas de hasta el 50 % de las penas para integrantes rasos y de hasta el 30 % para quienes ejerzan mando. Su acceso estaría condicionado al desarme, la entrega de bienes, la colaboración efectiva y los aportes para esclarecer delitos y desmantelar las estructuras. El Gobierno asegura que el mecanismo no contempla cancelar órdenes de captura ni suspender las de extradición.
Los beneficios provocaron cuestionamientos incluso dentro de la coalición oficialista. El senador Rafael Nieto, del Centro Democrático, rechazó que los responsables de delitos reciban incentivos judiciales. Desde el Pacto Histórico, Carolina Corcho cuestionó las garantías para impedir que narcotraficantes, lavadores y testaferros obtengan ventajas sin desarticular efectivamente sus redes.
Frente a esas críticas, el ministro de Justicia, Iván Cancino, defendió que habrá investigación, sanción y condena. La controversia se concentra en cómo verificar los compromisos antes de conceder beneficios y cómo asegurar que los bienes entregados sirvan para reparar a las víctimas.
Cadavid también puso un límite a las expectativas. Al preguntarse si el proyecto resolverá todos los problemas de orden público, respondió: “La respuesta es no”. Lo presentó como una herramienta dentro de una estrategia que deberá combinar seguridad, recuperación territorial y un futuro estatuto antiterrorista.
El Gobierno consiguió superar el primer debate. Ahora deberá sostener sus mayorías y demostrar que las rebajas propuestas pueden producir entregas, información útil y desmantelamiento criminal, bajo decisiones judiciales y con garantías para las víctimas.
Preguntas frecuentes
¿Qué aprobó el Congreso en el primer debate sobre el sometimiento de organizaciones criminales?
Las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara aprobaron un proyecto que modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de Orden Público. La iniciativa busca reemplazar instrumentos de la llamada Ley de Paz Total y aún debe ser discutida en las plenarias.
¿El proyecto permite suspender órdenes de extradición?
No. El Gobierno sostiene que el mecanismo no contempla cancelar órdenes de captura ni suspender las órdenes de extradición.
¿Qué beneficios contempla el proyecto para quienes se sometan a la justicia?
El texto aprobado contempla rebajas de hasta el 50 % de las penas para integrantes rasos y de hasta el 30 % para quienes ejerzan mando. El acceso estaría condicionado al desarme, la entrega de bienes, la colaboración efectiva y los aportes para esclarecer delitos y desmantelar estructuras criminales.
