El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, advirtió este domingo 1 de noviembre de 2026 que el país podría enfrentar un incumplimiento de sus obligaciones financieras en 2027 si el Congreso no aprueba antes de finalizar este año la llamada Ley de Rescate Económico, impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La advertencia corresponde a una proyección del Ejecutivo y no significa que Colombia haya entrado en default.
El proyecto fue radicado el jueves 29 de octubre ante la Cámara de Representantes con el número 477 de 2026. La iniciativa, presentada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, pretende reducir el déficit fiscal, reorganizar el gasto público, promover la inversión y asegurar los recursos del Presupuesto General de la Nación para 2027.
En entrevistas con medios nacionales, Restrepo sostuvo que, sin la aprobación de la reforma, el Estado podría tener dificultades para financiar salarios, pensiones, servicios de salud, defensa y el servicio de la deuda. Gómez insistió en que el trámite debe concluir antes del cierre de 2026 para que las medidas tengan impacto en las finanzas del próximo año.
Según el Gobierno, cerca del 70 por ciento del ajuste provendría de acciones dentro del propio Estado. Entre ellas se incluyen la reducción de la burocracia, el recorte de contratos de prestación de servicios, la disminución de gastos de funcionamiento y la eventual venta de activos considerados improductivos.
El proyecto también solicita facultades especiales por seis meses para reorganizar o suprimir entidades públicas. El 30 por ciento restante del ajuste se obtendría mediante cambios tributarios, como la ampliación de la base del impuesto de renta, modificaciones a las tarifas empresariales y un aumento del recaudo a través del IVA.
La propuesta contempla devolver total o parcialmente ese impuesto a personas en pobreza y hogares vulnerables. El Gobierno calcula que el mecanismo podría beneficiar a unos 36,5 millones de colombianos, aunque su aplicación comenzaría en 2028.
La iniciativa enfrenta un trámite complejo en el Congreso. Congresistas de distintos partidos, incluidos sectores cercanos al Gobierno, han rechazado varios de los aumentos tributarios. Por ahora, el proyecto continúa en estudio y no existe confirmación oficial de un incumplimiento financiero por parte de Colombia.
