La reforma tributaria que el Gobierno colombiano presentó para discusión legislativa plantea reducir el gasto de nómina y los contratos de prestación de servicios del Estado, además de ampliar el recaudo, con el objetivo de cerrar un desequilibrio fiscal cercano a los $40 billones. La iniciativa, actualmente en trámite y negociación en el Congreso de Colombia, contempla una reducción del 20 % en los gastos de personal para 2028 y del 50 % en los contratos de prestación de servicios en 2027 frente a 2026, con exclusión de la Fuerza Pública.

Recortes a la nómina y a los contratos estatales

El proyecto propone disminuir en 20 % los gastos de personal de las entidades incluidas en el Presupuesto General de la Nación para 2028. La medida no aplicaría a la Fuerza Pública, de acuerdo con la información divulgada sobre la iniciativa. Aunque el alcance final todavía no está definido, el ajuste podría traducirse en modificaciones de plantas, reorganizaciones institucionales y revisión de funciones que actualmente cumplen servidores públicos.

En el caso de los contratos de prestación de servicios, el Gobierno plantea reducir a la mitad, en 2027, el gasto previsto para 2026. A partir de 2028, el crecimiento de este rubro quedaría limitado a la inflación. Las entidades tendrían que demostrar que sus plantas de personal no pueden asumir determinadas tareas antes de acudir a contratistas.

La propuesta también contempla revisar los cargos que queden vacantes, incluidos aquellos liberados por la jubilación de funcionarios. Esas plazas podrían ser eliminadas si estudios técnicos concluyen que ya no son necesarias. Además, se analiza la reorganización, fusión o supresión de entidades, aunque todavía no se ha definido cuáles organismos o cargos resultarían afectados.

El impacto sobre el empleo público

La reducción de nómina y contratos ha generado preocupación por sus posibles efectos sobre el empleo. Los trabajadores y contratistas podrían enfrentar una menor oferta de puestos en el Estado, especialmente si las decisiones se toman sin una evaluación detallada de las funciones, las cargas de trabajo y las necesidades de cada entidad.

El Gobierno sostiene que el Estado no puede continuar ampliando su planta ni utilizar el gasto público financiado con deuda como mecanismo para sostener la generación de empleo. Desde esa perspectiva, el ajuste busca eliminar duplicidades, contener el crecimiento de los gastos y mejorar la eficiencia de la administración pública.

Sin embargo, sectores de la oposición y algunos analistas cuestionan que varias metas de ahorro estén formuladas como objetivos generales, sin precisar todavía qué cargos, entidades o funciones serían eliminados. La principal controversia está en determinar si la reforma corregirá ineficiencias o si trasladará el costo del saneamiento fiscal a empleados públicos y contratistas.

Impuestos que estudia el Gobierno

El componente de ingresos de la reforma busca alcanzar, como mínimo, una suma cercana a los $40 billones, aunque las estimaciones oficiales citadas por medios nacionales proyectan ahorros y recaudos superiores durante los primeros años de aplicación. El Gobierno también estudia ampliar la base de contribuyentes mediante la formalización laboral, de modo que más personas ingresen al sistema tributario y cumplan sus obligaciones.

Entre las alternativas discutidas aparece una reducción de la tributación empresarial, que sería compensada con una base tributaria más amplia, un mayor cumplimiento y la revisión de beneficios fiscales. No obstante, el resultado dependerá de las decisiones que adopte el Congreso y de la capacidad real de las medidas para generar ingresos nuevos.

La iniciativa incluye además la posibilidad de convertir en permanente un gravamen aplicado inicialmente para atender la emergencia por inundaciones en Montería y Córdoba. La discusión advierte que mantener este cobro no necesariamente produciría recursos adicionales, debido a que el impuesto ya se encontraría vigente y recaudándose.

También se analiza aumentar la carga sobre los cigarrillos y aplicar una imposición similar a los dispositivos de vapeo. Los promotores de esta alternativa argumentan que un mayor precio podría desincentivar el consumo y contribuir a objetivos de salud pública. Otra propuesta consiste en establecer un impuesto del 5 % a la medicina prepagada, medida que enfrenta reparos por su posible impacto en el acceso a estos servicios y por la eventual tensión con una futura reforma del sistema de salud.

El proyecto debe superar el debate en el Congreso

La propuesta todavía puede cambiar durante el trámite legislativo. Los congresistas deberán definir si mantienen los porcentajes de reducción de nómina y contratos, cómo se aplicará la revisión de vacantes, qué entidades podrían fusionarse o desaparecer y cuáles medidas tributarias serán aprobadas.

El debate también tendrá que establecer si los nuevos impuestos representan un aumento efectivo del recaudo o si algunos simplemente vuelven permanentes cobros que ya se aplican. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de contener el gasto y cerrar el desequilibrio fiscal, la discusión pública estará centrada en el alcance del ajuste y en sus consecuencias para el empleo y la prestación de servicios estatales.

Preguntas frecuentes

¿La reforma tributaria eliminaría cargos públicos y contratos de prestación de servicios?

El proyecto plantea reducir en 20 % los gastos de personal para 2028 y en 50 % el gasto en contratos de prestación de servicios para 2027, frente a 2026. También contempla revisar vacantes y reorganizar, fusionar o suprimir entidades, aunque todavía no define qué cargos serían afectados.

¿A quiénes no aplicaría la reducción de gastos de personal propuesta?

La reducción del 20 % en los gastos de personal aplicaría a las entidades incluidas en el Presupuesto General de la Nación, pero excluiría a la Fuerza Pública. El alcance final dependerá del trámite y la negociación de la reforma en el Congreso.

¿Qué nuevos impuestos estudia el Gobierno en la reforma tributaria?

Entre las alternativas están aumentar los impuestos a cigarrillos y dispositivos de vapeo, aplicar un gravamen del 5 % a la medicina prepagada y ampliar la base de contribuyentes mediante la formalización laboral. También se analiza hacer permanente un impuesto creado para atender la emergencia por inundaciones en Montería y Córdoba.