El ministro del Interior, identificado en la información divulgada como Alejandro Ordóñez, cuestionó al expresidente Gustavo Petro por las denuncias de Deicy Jiménez, quien asegura que durante el gobierno anterior se habrían entregado contratos estatales a cambio de favores sexuales. Las afirmaciones, conocidas en Colombia entre el 4 y el 5 de noviembre de 2026, permanecen bajo investigación y no han sido comprobadas judicialmente.

Jiménez, excontratista de entidades públicas, sostuvo que conoció a Petro en 2019, cuando él todavía era senador, y que posteriormente obtuvo contratos en el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior. Registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), citados por medios de comunicación, relacionan a la denunciante con diez contratos. Sin embargo, la existencia de esos vínculos contractuales no prueba por sí misma que hubiera irregularidades o un intercambio de naturaleza sexual.

El 4 de noviembre, Jiménez publicó en redes sociales un video de aproximadamente 54 segundos en el que aparece junto a Petro durante un encuentro privado. La mujer presentó el material como respaldo de sus declaraciones y solicitó protección para ella y su familia.

Petro negó haber utilizado contratos estatales para obtener favores personales. El expresidente afirmó que las mujeres que llegaron a su administración lo hicieron por sus capacidades y esfuerzos. Su defensa, además, advirtió que deben establecerse mediante peritajes la autenticidad, integridad, fecha, lugar y contexto del video.

Un día después, el 5 de noviembre, Jiménez entregó su teléfono celular a la Fiscalía para que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) examinara videos, mensajes y otros archivos que, según su versión, podrían respaldar sus acusaciones.

De manera paralela, congresistas presentaron una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para pedir la revisión de contratos, comunicaciones y material audiovisual.

La Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación deberán establecer si existieron irregularidades en la contratación pública, presiones o abuso de poder. Por ahora, las denuncias de Jiménez siguen en etapa de verificación y no constituyen hechos judicialmente establecidos.